VUELTA
Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada llegó al gobierno en 1993 realizó un profundo cambio en la organización del Poder Ejecutivo. Creó tres superministerios –Desarrollo Económico, Desarrollo Humano y Desarrollo Sostenible–, que respondían a una nueva visión y seguramente al objetivo de hacer menos compleja la ejecución del Plan de Todos.
Después de una sucesión de advertencias, planteadas prácticamente desde el inicio de la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz, finalmente Samuel Doria Medina decide dar un paso al costado y "seguir por un camino separado".
Con el pitazo final del árbitro esloveno en la final de la Copa del Mundo, llegó a su fin también el "período de gracia" para el Gobierno de Rodrigo Paz. Ha transcurrido ya más del 13% de una gestión de cinco años, tiempo suficiente como para, por lo menos, marcar una idea de la identidad del mandato que se extenderá, si bien les va, hasta 2030.
El principal desafío del Gobierno de Rodrigo Paz en los próximos meses será reconstruir la relación con la base política y social que hizo posible su llegada a la presidencia.
En gran medida, el éxito de las medidas destinadas a enfrentar la crisis económica dependerá de la capacidad para construir acuerdos y consensos que les otorguen legitimidad y sostenibilidad. Ignorar esa necesidad implicaría el riesgo de reproducir escenarios de confrontación como los vividos durante los meses de mayo y junio.
¿Hacia dónde va el Gobierno? Hasta ahora, y a pesar de las lecciones que dejó el conflicto social, no hay nada nuevo al respecto. Si la necesidad era fortalecer una coalición equilibrada que considere fuerzas políticas, pero también movimientos sindicales y sociales, todavía no existe ningún avance en este sentido.
En Bolivia, el fin del conflicto, tras más de 50 días de bloqueos en la mayor parte del país y un agobiante cerco nunca antes experimentado por las ciudades de La Paz y El Alto, llegó, pero las dudas y la inquietud persisten sobre la capacidad que tendrá el Gobierno para ejecutar una tarea que parece imposible: combinar la atención de las demandas de los sectores sociales con la necesidad de impulsar reformas prioritarias y avanzar en un acuerdo imprescindible y cada vez más urgente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ahora que los movimientos sociales, que eran actores centrales del conflicto, muestran señales inocultables de agotamiento y, posiblemente, de menos recursos para sostener las protestas, cabe preguntarse si el daño acumulado en materia económica y el desgaste social producto de un bloqueo tan prolongado se compensan con el hecho de no haber tenido que lamentar una mayor confrontación y más muertes.
En muchos queda la sensación de estar ante algo para lo que no existe una clara estrategia de remediación, más allá de que el diálogo lleve a establecer algunos acuerdos. Hay sin duda algo de fondo sobre lo que las discrepancias permanecerán indefinidamente. Quizás tenga que ver con el rol del Estado o con lo que cada uno de los actores en discrepancia entiende por ello.
Al expresidente Víctor Paz Estenssoro se le atribuye la frase: “En Bolivia pasa todo y no pasa nada”. Y la verdad es que este es un país de una eterna suma de conflictos sin soluciones definitivas o, en todo caso, un país donde suele ocurrir que una solución aparente solo engendra un nuevo conflicto. Esa dinámica perniciosa es, posiblemente, la que nos hace repetir lo dicho en algún momento por VPE.
Hay decisiones que, en principio, suenan correctas, populares e incluso moralmente necesarias, pero que a la larga pueden generar consecuencias negativas. La reducción del salario del presidente Paz y de sus ministros en un 50%, anunciada durante la efeméride de Chuquisaca, entra en esa categoría.