VUELTA
Si pensamos en un concepto restringido de libertad y en un alcance limitado de democracia, entonces podemos sentirnos más o menos cómodos en Bolivia. Total, votamos cada cinco años y, salvo que cometamos un delito, no estamos expuestos a ir a prisión. En otras palabras: estamos libres y aparentemente gozamos de todos nuestros derechos.
Cuando asumió la presidencia el 12 de noviembre de 2019, en medio de las expresiones de júbilo y alivio de una sociedad movilizada que había reconquistado en las calles el derecho a elegir a sus autoridades sin trampa, nadie se iba a imaginar que poco más de un año después, la expresidenta Jeanine Áñez iba a ser protagonista de un calvario político sin precedentes en la historia democrática de Bolivia.
Siempre ha sido así. Lo que a unos les parece ridículo a otros les parece brillante. Con Evo Morales la cosa no cambia. Puede decir cualquier barbaridad —lo hace con frecuencia—, pero siempre tendrá un coro de incondicionales con las manos enrojecidas por la frenética reiteración de los aplausos.
¿A quién le sirve semejante carga de violencia en el discurso gubernamental? ¿Cuál es el objetivo que está detrás del repentino cambio en la línea que supuestamente iba a estar orientada a la reconciliación? ¿Tiene algún sentido añadir más odio a un país de por sí crispado por sus diferencias? ¿Cuál es el destino al que nos lleva esta espiral de resentimiento? ¿Será que ahora sí estamos más cerca de convertirnos en la desgraciada Venezuela o en la humillada Nicaragua? ¿Quién o qué gobierna al país?
El caso fraude cerró así, sin más, aunque detrás estaba claro el partido que desde hace casi dos años se dedica a propagar a los cuatro vientos una historia fantasiosa sobre la supuesta existencia de un golpe de Estado y un grupo de dos alumnos y un profesor de alguna universidad europea que analizaron la data electoral y concluyeron, más rápido que deprisa que no hubo nada irregular.
Si el dictador murió o perdió una batalla, la dictadura sobrevive, aunque parece que no por mucho tiempo. Los tiempos históricos son diferentes a los que se miden rutinariamente. No son una eternidad, pero tampoco un instante.
En Cuba pasaron más de 60 años desde que se impuso un gobierno autoritario. Fidel Castro gobernó 50 años como si nada y hay todavía quien dice que su gobierno fue democrático porque la democracia reside en la voluntad del pueblo y esa voluntad, según se ha justificado siempre, estaba a favor de su permanencia.
Intelectuales destacados que apoyaron a los movimientos de izquierda en América Latina desde hace muchos años comenzaron a marcar distancia con algunas dictaduras populistas de la región, porque ya no pueden caer en el juego de las complicidades vergonzosas frente a los atropellos que se cometen todos los días en países como Nicaragua, Venezuela y Bolivia, entre otros, donde el termómetro del riesgo democrático registra una subida alarmante.
Nadie sabe en realidad quién es, pero su nombre es lo de menos. Lo que refleja su conducta es lo que importa. La “ahijada” presidencial violó las restricciones impuestas para prevenir los contagios del Covid-19, pero no estaba sola, sino junto a muchos dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que no encontraron mejor manera de celebrar el aniversario de esa organización que entre copas, sin barbijos y fuera de horario.
La trayectoria del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue siempre oscura, pero más por mediocre que por delictiva.
Senador ruidoso e infectivo, presentó innumerables denuncias de corrupción, poco sustentadas, en contra de funcionarios del anterior régimen, que nunca prosperaron.
La pandilla es por lo general un grupo de amigos que se reúnen para dar un objetivo a su vida. Al menos eso es lo que dicen los diccionarios. Quiere decir, además, que los pandilleros no tienen por qué ser malos o delincuentes y que el término no es siempre despectivo, aunque por ignorancia algunos le den solo ese sentido.