VUELTA
Es discutible si la wiphala es un símbolo de la identidad de las culturas originarias de occidente en Bolivia. Hay tejidos prehispánicos en los que se puede advertir ese diseño como parte de piezas —chuspas en algunos casos— que incluyen otras formas, pero su uso como bandera tiene más bien antecedentes coloniales. Lo que no ha quedado claro hasta hoy es cuál era su significado original.
En la agenda política de la Asamblea Legislativa Plurinacional la lista de juicios es larga y abarca una diversidad de causas y personas. Hay juicios que se abrieron recién y otros que datan de hace muchos años. El denominador común es que todos, o bueno casi todos, son contra exfuncionarios de gobierno de las gestiones “neoliberales”. Hay un par por ahí contra gente del MAS, que seguramente tendrán un arreglo interno, pero que sirven para dar una imagen de aparente neutralidad.
Al presidente parece que todavía no le llega la hora de gobernar. Aparte de algunos resultados positivos en materia de vacunación, no hay mucho que decir o rescatar en otros ámbitos.
Luis Arce se acostumbró a dar noticias favorables sobre la economía. Es más, a Bolivia siempre le fue mejor que a otros en este campo y hasta se llegó a pensar —erróneamente— que todo se debía a las virtudes del modelo económico local y no a los vientos favorables que llegaban del resto del mundo.
Si pensamos en un concepto restringido de libertad y en un alcance limitado de democracia, entonces podemos sentirnos más o menos cómodos en Bolivia. Total, votamos cada cinco años y, salvo que cometamos un delito, no estamos expuestos a ir a prisión. En otras palabras: estamos libres y aparentemente gozamos de todos nuestros derechos.
Cuando asumió la presidencia el 12 de noviembre de 2019, en medio de las expresiones de júbilo y alivio de una sociedad movilizada que había reconquistado en las calles el derecho a elegir a sus autoridades sin trampa, nadie se iba a imaginar que poco más de un año después, la expresidenta Jeanine Áñez iba a ser protagonista de un calvario político sin precedentes en la historia democrática de Bolivia.
Siempre ha sido así. Lo que a unos les parece ridículo a otros les parece brillante. Con Evo Morales la cosa no cambia. Puede decir cualquier barbaridad —lo hace con frecuencia—, pero siempre tendrá un coro de incondicionales con las manos enrojecidas por la frenética reiteración de los aplausos.
¿A quién le sirve semejante carga de violencia en el discurso gubernamental? ¿Cuál es el objetivo que está detrás del repentino cambio en la línea que supuestamente iba a estar orientada a la reconciliación? ¿Tiene algún sentido añadir más odio a un país de por sí crispado por sus diferencias? ¿Cuál es el destino al que nos lleva esta espiral de resentimiento? ¿Será que ahora sí estamos más cerca de convertirnos en la desgraciada Venezuela o en la humillada Nicaragua? ¿Quién o qué gobierna al país?
El caso fraude cerró así, sin más, aunque detrás estaba claro el partido que desde hace casi dos años se dedica a propagar a los cuatro vientos una historia fantasiosa sobre la supuesta existencia de un golpe de Estado y un grupo de dos alumnos y un profesor de alguna universidad europea que analizaron la data electoral y concluyeron, más rápido que deprisa que no hubo nada irregular.
Si el dictador murió o perdió una batalla, la dictadura sobrevive, aunque parece que no por mucho tiempo. Los tiempos históricos son diferentes a los que se miden rutinariamente. No son una eternidad, pero tampoco un instante.
En Cuba pasaron más de 60 años desde que se impuso un gobierno autoritario. Fidel Castro gobernó 50 años como si nada y hay todavía quien dice que su gobierno fue democrático porque la democracia reside en la voluntad del pueblo y esa voluntad, según se ha justificado siempre, estaba a favor de su permanencia.
Intelectuales destacados que apoyaron a los movimientos de izquierda en América Latina desde hace muchos años comenzaron a marcar distancia con algunas dictaduras populistas de la región, porque ya no pueden caer en el juego de las complicidades vergonzosas frente a los atropellos que se cometen todos los días en países como Nicaragua, Venezuela y Bolivia, entre otros, donde el termómetro del riesgo democrático registra una subida alarmante.