Entre jueces y sicarios

En la agenda política de la Asamblea Legislativa Plurinacional la lista de juicios es larga y abarca una diversidad de causas y personas. Hay juicios que se abrieron recién y otros que datan de hace muchos años. El denominador común es que todos, o bueno casi todos, son contra exfuncionarios de gobierno de las gestiones “neoliberales”. Hay un par por ahí contra gente del MAS, que seguramente tendrán un arreglo interno, pero que sirven para dar una imagen de aparente neutralidad.

Hay una obsesión oficial por el ajuste de cuentas, aunque no en todos los casos haya justificadas “cuentas” por cobrar. Hay juicios, como el de Quiborax, con el que se pretende acorralar al expresidente Carlos Mesa, que no tienen pies ni cabeza jurídicos, pero ahí están, como la espada de Damocles que pende contra líderes opositores que no están dispuestos a sumarse a la estrategia de venganza del gobierno contra la exmandataria, Jeanine Áñez.

Algo similar ocurre con los alcaldes de La Paz y Cochabamba. La forma popular de decirlo es que se las tienen jurada, independientemente de que ambos hayan mostrado una actitud más bien conciliadora. Lamentablemente para el MAS ese tipo de actitudes solo reflejan debilidad y a los débiles hay que golpearlos.

Iván Negro Arias y Mánfred Reyes Villa se cansaron de estirar la mano amistosa, pero no tuvieron ninguna respuesta. Por el contrario, los planes para sacárselos de encima continúan en marcha.

En la visión del Gobierno todos son culpables por el mero hecho de ser adversarios y todos están en el reparto de los malos. Hay presuntos culpables de “genocidio”, de daño económico al Estado, de uso indebido de funciones y vaya a saber de cuántas razones más. No importa tanto la verdad, como el impacto que produzca la “carátula” del proceso y el efecto que tenga sobre las víctimas.

El objetivo de fondo es dejar a Bolivia sin líderes, ni proyectos alternativos. Construir una gigantesca red de sospecha que cubra a todos por igual e inmovilizar la conducción del bloque democrático y a los actores que fueron protagonistas importantes durante los hechos de octubre-noviembre de 2019. Que no se te ocurra hablar, porque te reactivo un juicio… y tengo como inclinar la balanza en tu contra.

La feroz persecución de algunas cabezas visibles de la resistencia juvenil en Cochabamba, u otras regiones, no tiene otra finalidad que la de criminalizar la protesta. No se procesa por un hecho determinado, sino simplemente por reclamar y defenderse. Todo está concebido para romper la “pitita” y evitar que, con el tiempo, nuevamente la gente salga a exigir libertad, transparencia y democracia.

Con los defensores de los derechos humanos y los periodistas la estrategia es otra, bastante burda, que consiste básicamente en “soltar” a los “vengadores anónimos”. Militantes oficialistas que bajo diversos disfraces —de preferencia ponchos o lluchus rojos— se dedican a sembrar el terror. No es solo ya el insulto o el desprestigio en las redes sociales, sino la amenaza directa a la seguridad y la vida.

El terrorismo no es solo tirar bombas —de eso saben algunos en el Gobierno— sino crear la sensación extrema de vulnerabilidad. “Mejor no sigo, porque…”.

Es el “sicariato” populista, que existe en Nicaragua, Venezuela y que en Cuba tenía el romántico rótulo de “brigadas vecinales”, que no eran otra cosa que soplones e infiltrados a sueldo que facilitaban la cacería de opositores o disidentes, también se comienza a aplicar en Bolivia.

Los mismos que en 2019 recibían dinero a cambio de saquear, quemar o golpear a marchistas pacíficos, ahora andan merodeando por todas partes. No será necesario tildar a un medio de opositor, racista, derechista y quién sabe cuántos adjetivos más. Bastará con que el periodista o alguien de su familia reciba una llamada anónima para que se cumpla el objetivo de atemorizar, con la ventaja adicional de que el Gobierno no aparezca en la foto. Represión sin rastro oficial, por decirlo.

No es necesario acercarse mucho a la fórmula venezolana, donde la tortura está ya instituida y a nadie le interesa remediar las violaciones a los derechos humanos —el informe de Naciones Unidas al respecto es sobrecogedor—. El mundo puede hablar y protestar, pero Maduro anda en lo suyo. En Bolivia se intenta guardar las apariencias o disfrazar de justicia las represalias, pero en el fondo la idea es la misma: callar como sea al otro.

Sin dinero para atender los verdaderos problemas de la gente, el populismo se radicaliza y se hace mucho más torpe, como ocurre con Venezuela, Nicaragua y Bolivia, o entra en crisis como en Argentina. Los gobiernos de este corte se debaten entre el autoritarismo a secas o una democracia donde las reglas estén de tal modo manipuladas que el ganador pueda ser siempre el mismo, es decir “uno de los nuestros”.

El único debate “democrático”, es decir de diálogo sobre políticas y futuro, se realiza internamente, incluso a costa de mostrar diferencias. Es la democracia “del pueblo” que se practica en Cuba, donde puede haber polémica, siempre y cuando sea dentro del sistema.

Las pugnas entre facciones del MAS parecen buscar eso. Dar una impresión de diversidad y respeto a las opiniones, pero hasta por ahí nomás. Con el resto, no hay diálogo o, si lo hay, es entre el justiciero y el culpable. El opositor no es nunca un interlocutor válido para dialogar sobre el país. “No se puede dialogar con culpables o procesados, ni se toman en cuenta sus críticas”.

Debilitada, la democracia boliviana se debate entre jueces y sicarios. La fórmula ha comenzado a dar resultado y pesa como una losa en el ánimo nacional. Bajo permanente acoso, la oposición solo atina a defenderse y la crítica tiende a replegarse. Triste tiempo de miedo.

El autor es periodista y analista