LA CURVA RECTA
En días pasados ha estado circulando una historia por de más curiosa, más por quienes la han pregonado que por el hecho en sí. Sucede que hace casi un año y medio, Su Santidad, el papa, al recibir el saludo de año nuevo del cuerpo diplomático le habría dicho, así de pasada, al embajador de Bolivia ante la Santa Sede, que sería bueno que se permita a los refugiados en la embajada de México en La Paz, abandonar el país.
La doctora Pilar Mazzetti es una médica peruana que tuvo un gran prestigio como profesional, y como figura pública. Fue ministra de Salud de su país durante los duros tiempos entre el gobierno del señor Vizcarra y del señor Sagasti, incluido el brevísimo gobierno de Merino. Hizo un gran trabajo en el combate contra la pandemia, y aunque los números peruanos son peores que los bolivianos, allí hubo un reconocimiento al gran trabajo que se estaba haciendo, y a nadie, al menos en el mundo serio, se le ocurrió llamar al desastre pandémico de genocidio.
Las escenas de pugilato que tuvieron lugar en el hemiciclo del palacio legislativo el martes pasado son simplemente inaceptables. Son una falta de respeto a la institución que es la Asamblea Plurinacional, al país entero y, por supuesto, a cada uno de los ciudadanos. Si los involucrados tuvieran un poco de vergüenza en la cara, deberían renunciar a sus curules. Dicho sea de paso, aunque no necesariamente para casos como este, se tienen suplentes y estos pueden ser fácilmente activados.
Lo que viene sucediendo desde principios del año pasado en el mundo entero es el desastre global más grande que se ha vivido en los últimos siglos, en la medida en que verdaderamente ha afectado casi sin excepción a cada rincón del mundo. Sería interesante, más allá del morbo, pedir a todos los seres humanos que levante la mano aquel que no ha perdido, un ser querido, sea familiar o amigo, a causa de este mal, es posible que solo un puñado de personas estaría en condiciones de hacerlo.
El arresto del exministro de Gobierno Arturo Murillo es una enorme vergüenza para él y los suyos, y para quienes, en mayor o menor grado, apostaron o aprobaron el Gobierno de la señora Áñez. La historia no es nueva, no es una sorpresa, de hecho, se dieron denuncias claras y concretas sobre este caso mientras el susodicho fungía de algo más que de ministro de Gobierno.
El jueves pasado ha sido un buen día para Bolivia, por una vez en mucho tiempo se ha generado una buena noticia. No, por supuesto no estoy hablando de la inauguración de algún coliseo, o algo por el estilo, me estoy refiriendo a la anulación del juicio contra el doctor Jhiery Fernández, acusado, sin prueba alguna, de uno de los más espantosos crímenes que pueden ser imaginados, y condenado por el mismo, en un juicio que ilustra lo más abyecto del sistema judicial de este desdichado país.
Hace unos días, don Héctor Arce, publicó un artículo titulado El necesario esclarecimiento de los hechos. Se refiere a la caída de Evo Morales y su posterior exilio, proceso que él y los de su partido llaman ahora golpe de Estado.
Hace unas dos semanas se encontró el cadáver de una joven mujer, ella había sido acuchillada y su cráneo destrozado a martillazos. El autor, que confesó su delito por medio de una carta que dejó in situ, era nada menos que su marido y el padre de su hijo, un niño de tan solo seis años de edad.
No es secreto que durante la presidencia de la señora Áñez la justicia fue muy deficiente; no tanto como durante los 14 años del gobierno de Morales, pero tal vez eso fue porque ésta solo duró un poco menos que un año. El mal de la justicia de este país es terrible, y uno de sus peores síntomas son las detenciones preventivas, que en realidad son una negación de ese derecho que tiene el ciudadano a ser considerado inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.