¿Qué es Capel, el organismo que auditará el padrón electoral?
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) se encargará de hacer una auditoría al padrón electoral de cara a las elecciones generales de 2025.
El presidente del Órgano Electoral, Oscar Hassenteufel, detalló que para abril llegará un experto de Capel y posiblemente en mayo el organismo envíe una comisión.
La auditoría al padrón es "para definir si ese padrón es correcto, si sirve, si hay gente que no debe estar o si hay gente muerta que sigue figurando en el padrón", explicó.
Pero ¿qué es Capel? y ¿qué experiencia tiene en auditorías?
El Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) es un programa especializado del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Fue creado en 1983 e inició sus labores en febrero de 1985.
Según su portal web, Capel tiene entre sus fines la asesoría técnica electoral y la promoción de las elecciones, con un enfoque multidisciplinario, labor que ha realizado con organismos electorales, poderes legislativos, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos.
Capel tiene un estatuto en el que basa su trabajo. Este estatuto define a Capel como un instrumento para la planificación y la ejecución de los programas del IIDH relativos a los principios de la democracia representativa y el Estado de derecho, el pluralismo ideológico, el respeto de los derechos humanos, su promoción y tutela internacional, la libertad académica, la solidaridad y cooperación internacionales sin discriminación de ninguna naturaleza, y en los de las elecciones libres como parte esencial de la teoría y práctica de los derechos humanos, condición de la democracia y fundamento del derecho a la libre determinación y de la paz en la convivencia nacional e internacional.
Entre sus principales actividades, Capel conforma grupos de expertos para apoyo en temas electorales, envía misiones de observadores,elabora programas de investigación en materia de elecciones y legislación electoral comparada, organiza conferencias, coloquios, encuentros, mesas redondas sobre temas electorales.
Además de mantener información al día sobre resultados electorales en América, se encarga de investigaciones especializadas sobre temas electorales y de democracia, organizar encuentros internacionales, forma una biblioteca especializada y elabora, publica y difunde material sobre elecciones libres y democráticas en América.
¿Cuál fue su trabajo?
Capel ha realizado más de 200 misiones de observación electoral en casi todos los países de Latinoamérica. Estuvo en Bolivia en casi todas las elecciones nacionales y subnacionales desde 1985.
¿Quién dirige el centro?
El centro está bajo la dependencia del director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos, actualmente dirigido por el chileno Claudio Grossman.
Tiene formación superior en la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile en Santiago, donde obtuvo su Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en marzo de 1971, en agosto de 1980 obtuvo el Doctorado en Ciencias del Derecho (Doctor in de Rechtsgeleerdheid) en la Universidad de Ámsterdam.
El director actual del centro es José Thompson. Es abogado y profesor universitario costarricense, especializado en Derecho Internacional (Universidad de Costa Rica; Università degli Studi, Perugia, Italia). De 2000 a 2014 fue director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel). Asimismo, fue director adjunto del Instituto hasta junio de 2013. Retomó su labor en Capel en 2017. Es autor de artículos, libros e investigaciones especializadas sobre temas de justicia, democracia, sistemas electorales, derechos humanos y derecho internacional.
¿Qué es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos?
Creado en 1980 por un convenio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica, el IIDH es una entidad internacional autónoma, académica, dedicada a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos. Facilita el diálogo entre los diversos actores del movimiento de derechos humanos y las autoridades estatales. No denuncia las violaciones a los derechos humanos, tampoco hace peticiones formales ni se pronuncia sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados.
