“Francotiradores”, “crimen organizado” y la escalada de violencia en los bloqueos se cobran la vida de cuatro policías y un civil en Bolivia
La muerte de cuatro efectivos policiales y un civil fueron confirmadas hasta el mediodía de este jueves por las autoridades de Gobierno y el Ministerio Público. Los hechos de sangre se dieron durante los bloqueos que impulsan leales a Evo Morales desde hace 11 días en carreteras troncales del país.
La jornada de mayor violencia se dio en el municipio potosino de Llallagua, donde el Gobierno de Luis Arce denunció que los policías fueron emboscados en la carretera por personas que estaban apostadas en los cerros aledaños, desde donde lanzaron piedras, dinamitas y, según las autoridades, también atacaron a los agentes con armas de fuego.
Los uniformados asesinados fueron identificados como sargento 1ro Jesús Alberto Mamani Morales, el teniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez (23 años), el teniente Carlos Enrique Apata Tola (34 años) y el subteniente Christian Calle Alcón, de aproximadamente 22 años, quienes fueron enviados a las zonas en conflicto, donde se organizó operativos de desbloqueos.
Un contingente llegó a Llallagua, en el norte de Potosí, otro recorrió la ruta que une a Cochabamba con Oruro.
Para el ministro de Justicia, César Siles, en estos enfrentamientos “ya no se puede decir que son protestas civiles” sino que “estamos hablando de grupos paramilitares que portan armas” y que cuentan en sus filas con “francotiradores”.
Mientras que la cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB) denunció que estos sectores no pueden ser considerados movimientos sociales, pues por su accionar “delincuencial” ahora deben ser tildados como parte del “crimen organizado” y no pueden ser relacionados con la clase trabajadora y los campesinos.
“Estos hechos han generando caos y miedo en la población, hechos que solo responden a un atentado a la democracia y a un plan macabro de golpe de Estado en el que el único responsable es Evo Morales Ayma”, dijo Boris Villa, secretario de Seguridad Social de la COB, en un manifiesto público.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, también se refirió al tema y señaló que lo que se vive ahora no es una demanda social legítima, sino “una estrategia violenta para forzar una candidatura inconstitucional” y, caso contrario, postergar las elecciones.
Evo “Morales quiere imponer su candidatura e intereses personales, aún a costa de vidas humanas y por encima del pueblo boliviano”, manifestó.
