Aunque la población de los municipios que conforman la Chiquitanía han expresado su rechazo a la autorización de nuevos asentamientos de comunidades campesinas e interculturales en esta región
El cambio de uso de suelo contemplado en el Decreto Supremo 3973 permite el desmonte de 4,5 millones de hectáreas de tierra con vocación forestal para actividades agropecuarias en Beni y Santa Cruz