Cae Gómez y red de corrupción sigue operando en Quillacollo

El diputado Lucio Gómez, del MAS, fue aprehendido ayer ni bien pisó la Fiscalía, debido a que el Ministerio Público lo buscaba desde el 26 de julio y el 29 allanó su casa.

Después de declarar por 10 horas por el caso audios de corrupción II por el cobro de coimas y cuoteo político en Quillacollo, fue conducido a celdas de la Felcc a la espera de su audiencia cautelar.

Gómez expresó que su detención busca afectar su virtual candidatura a la Alcaldía de Quillacollo, que según uno de los audios filtrados sería por una sigla distinta al MAS.

“Las autoridades dirán quién y de cómo llegan esos audios; mientras, no puedo opinar nada. Me presentó de forma voluntaria con mis abogados”, dijo.

Las grabaciones a las que hizo referencia dan cuenta de que el legislador influyó en la designación de Zacarías Jayta (FPV y aliado del MAS) como alcalde suplente, tras la suspensión del alcalde electo Eduardo Mérida (FPV).

Asimismo, en los audios se escucha que el diputado pactó con algunos concejales que Antonio Montaño (FPV) sea alcalde suplente y Roberto Vargas (MAS), presidente del Concejo Municipal, después que Jayta y el expresidente del Legislativo Víctor Osinaga (MAS) fueron detenidos.

Las declaraciones y grabaciones apuntan a que Gómez habría propiciado luego la salida de Montaño, porque éste no cumplió con el compromiso de entregar el control de direcciones y secretarías.

El 4 de junio el Concejo resolvió alejar a Montaño para elegir como nuevo alcalde suplente Willy López (FPV), que fue investigado en enero por el caso audios II.

Al salir de su declaración, el diputado se limitó a decir: “No puedo declarar nada porque el caso está en custodia”.

Gómez es investigado por presunta concusión y uso indebido de influencias. El parlamentario es acusado de digitar el cambio de alcaldes para beneficiarse con el cobro de coimas y venta de cargos.

La denuncia contra el parlamentario se sustenta en 37 audios, documentos y declaración de testigos que coinciden con las grabaciones.

El caso con más resonancia es el presunto soborno de 2,6 millones de bolivianos por la compra de una planta de asfalto móvil, que se distribuyó entre los integrantes de la red, autoridades y funcionarios.

El costo para adquisición de la maquinaria supera los 11 millones de bolivianos. El Ejecutivo municipal afirmó que aún no se canceló nada por el equipo, pese a que una comisión recibió la máquina.

Por otro lado, testigos del caso afirman que la red que se conformó desde Mérida continúa operando, según documentos del caso.

“Se gestionó la caída de alcaldes hasta la fecha (…) con el propósito de traficar dineros con la festividad de Urkupiña, es por eso que el presidente del Concejo Municipal inicia un proceso”, señala una parte de una de las declaraciones sobre audios II.

PUNTOS DE VISTA

"Cualquier asambleísta que tenga acusación formal de la Fiscalía tiene la obligación pedir licencia y defenderse como un ciudadano. Si es culpable, tendrá que asumir las consecuencias". Álvaro García Linera. Vicepresidente

"Esperamos que se levante la reserva para analizar si ampliamos la querella. Quillacollo clama porque la justicia haga su trabajo con celeridad y saludamos las actuaciones del Ministerio Público". René Fernández. Presidente del Concejo

"Conozco al diputado Gómez, hemos tenido algunas conversaciones de temas municipales de trabajo; por lo demás, no tenemos ninguna relación. No he recibido ninguna notificación. Vamos a coadyuvar". Willy López. Alcalde suplente

"Estamos continuando con los actos investigativos, estamos bajo reserva. No se puede dar mayor información. Una juez conminó a las partes y a terceras personas el cumplimiento de esto". Faridy Arnez. Fiscal de materia

DATOS

Mérida denunció y ahora es investigado. El caso audios II se investiga a denuncia de Eduardo Mérida desde el 9 de enero de 2019, pero ahora la autoridad también es investigada por este hecho y tiene detención domiciliaria.

Los primeros detenidos por el caso audios II. A raíz de la investigación fueron detenidos Zacarías Jayta (alcalde suplente) y Víctor Osinaga (presidente del Concejo). Grover Corrales (exsecretario) se sometió a proceso abreviado.

Dictan 10 nuevas aprehensiones. Por la declaración de testigos y audios se emitieron 10 órdenes de aprehensión el 26 de julio. Hasta ahora se han ejecutado seis.

El primer caso de audios de la corrupción. El caso audios I está relacionado con una denuncia de 2017 por el cobro de coimas en la gestión de Mérida.

El segundo caso de filtración de audios. El caso audios II tiene su origen en la denuncia de cobro de sobornos a empresas, la venta de cargos y la retención del bono de té.

Delitos que investiga el Ministerio Público. El Ministerio Pública investiga en el caso II la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencia y concusión, cuando un funcionario pide beneficios económicos.

SUMAN SEIS LOS DETENIDOS Y AÚN SE BUSCA A CUATRO

Con la aprehensión del diputado Lucio Gómez llegan a seis los detenidos de la lista de 10 que emitió la Fiscalía.

Las aprehensiones fueron para Lucio Gómez, Eduardo Mérida (alcalde), Israel Aleluya (cobrador), Osman Ponce (jefe de Personal de Salud), Henry Crespo (jefe de Transportes), Noé Baspineiro (director de Educación gestión de Mérida), Nedenka Mercado (secretaria de Grover Corrales), Florens Amado (exsecretario Finanzas de Jayta), Gerson Escalera (jefe de Personal de Jayta) y Ronald Carvallo (empresario).

Mérida tiene detención domiciliaria; Gerson Escalera, detenido en Arani, y Florens Amado, detención en San Antonio. Faltan las audiencias de Ponce, Baspineiro y Gómez.

ANÁLISIS

César Cabrera. Abogado constitucionalista

“Ha habido un transfugio como si nada”

La crisis que se ha generado en Quillacollo es muy lamentable. Han generado una ingobernabilidad que llega a extremos, demasiados actos de corrupción, que han permitido un “pasanaku” de alcaldes y a su turno cada uno ha ido mostrando el nivel de corrupción que tiene. Esto repercute en una falta de gestión, la falta de ejecución presupuestaria es una prueba de ello.

La vigencia de las agrupaciones ciudadanas, que no tienen núcleos aglutinadores, ha permitido un transfugio como si nada. Es de lamentar que autoridades nacionales, incluso, hayan metido mano.