Costas, imputado por caso de 2007
Santa Cruz | Los Tiempos
La Fiscalía de Santa Cruz formalizó su acusación contra el gobernador Rubén Costas por la supuesta adquisición ilegal de 40 camionetas con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en 2007. Desde la Gobernación afirmaron que se trata de una reactivación de procesos en represalia por los resultados del referendo constitucional.
En el boletín oficial de la Procuraduría General del Estado señala que esta instancia fue la que solicitó al Ministerio Público formalizar la imputación en contra de Rubén Costas, Roly Aguilera, José Luis Parada, Miriam Cecilia Limpias y Fernando Soria Galvarro, la que fue admitida.
En el 2010 la Contraloría Departamental de Santa Cruz presentó esta denuncia ante la Fiscalía. El monto total de la compra de las 40 camionetas fue de aproximadamente Bs 6 millones.
En consecuencia, uno de los nuevos fiscales designados para la capital cruceña por la Fiscalía General, el abogado Osvaldo Dante Tejerina, presentó la imputación formal ante la justicia.
A Costas, Aguilera y Parada se los acusa por la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. A Miriam Cecilia Limpias, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y a Fernando Soria Galvarro, por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad ideológica.
Represalia
El secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, sostuvo que esta medida es sólo la reactivación de los procesos contra Costas y que es una represalia por los resultados del 21 de febrero en el referendo constitucional en la que la opción del No se impuso a la del Sí que impulsaba el Gobierno central.
Señaló que algunos de estos procesos ya fueron rechazados en la justicia, como el caso de las camionetas.
En todo caso, enfatizó que son cuatro procesos judiciales que el oficialismo ha reactivado contra el político cruceño, dos de ellos datan de 2007 y 2008, y otros dos son nuevos.
El caso de las 40 camionetas y el de la Ley 01, del estatuto de autonomía, son dos procesos antiguos. Mientras que una acusación sobre el supuesto incumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional de desalojo en los predios del parque industrial, y el de un supuesto uso de un bien público, un camión cisterna en el Chaco por la campaña a favor del No, son los dos casos nuevos, indicó Peña.
“En cinco años no han podido probar nada, mucho menos ahora. El Gobierno no ha podido comprobar corrupción, nepotismo, irregularidades en la Gobernación, por eso se aferra a estos juicios”, indicó Peña.
