Ley de Organizaciones Políticas y Sociales: sinceramiento obligado

Si bien la futura Ley de Organizaciones Política (LOP) abarca varios aspectos altamente sensibles para revertir déficits democráticos,  hoy me refiero a uno que obliga al sinceramiento y a tomar al indomable toro por las astas a fin de revertir prácticas políticas perversas.  Dicho esto,  mi propuesta es que la nueva LOP amplíe su capacidad regulatoria  (total o parcial) a las organizaciones sociales no estrictamente políticas (sindicatos, comités cívicos, federaciones sectoriales, empresariales, etc.) que, mediante acuerdo con organización política reconocida, canalicen candidaturas “corporativas”  a funciones legislativas y/o ejecutivas como titulares del poder público en estructura del Estado.

En estos casos frecuentes e históricamente celebrados por nuestra tradición política, la organización política reconocida legalmente intenta legitimarse “terciarizando” la representación social y política sin garantizar el compromiso de las organizaciones matrices sociales con una visión o programa común que trascienda el interés de su sector en particular el mismo que no tarda en aflorar a la hora de revertir privilegios y formular políticas públicas. Es más, no impone límites a los conflictos de interés ni obliga a desplazar de su seno prácticas autoritarias,  machistas, sectarias y poco transparentes cual es el propósito de la LOP.

En otras palabras, coincidiendo con la propuesta de la diputada Jimena Costa “la  LOP debe ampliar su competencia a normar la democratización interna a los “aliados” de las organizaciones políticas”. Y es que estos aliados corporativos camuflados bajo el “supuesto apoliticismo” o las virtudes imaginarias de la “sociedad civil” son también caldo de cultivo de las prácticas autoritarias, maximalistas, clientelares, corruptas y discriminadoras que propiciaron el repudio  a la política y los políticos en general.

Esta propuesta obliga a “desmontar” algunas premisas que inducen al error y a la confusión. Estas también  se expresan en discursos y corrientes de colectivos ciudadanos “anti organizaciones políticas” seducidas por la idea de “autorepresentación”, que pueden hacer de la LOP  un saludo a la bandera, una mera formalidad instrumental, desvirtuando su rol y  su razón de ser.   

La mala política, atribuida a los partidos  cada vez menos confiables, no se sustituye con movimientos ni organizaciones sociales políticamente no “contaminados”. La mala política se sustituye con buena política, así de simple. Curiosamente la anti política deriva en otra forma de hacer política sin garantizar la erradicación de los males denunciados. En otras palabras,  es impensable la gestión política al margen de algún tipo de mediación que implique dar la cara y asumir la responsabilidad y los riesgos que conlleva aspirar a ser titular del poder público en  una sociedad compleja y plural  como la nuestra.

En Bolivia, siguiendo la tradición nacional reticente a la figura de partido político, a  la idea de ciudadanía  y a la arraigada noción de la importancia de la inserción política corporativa, el MAS presume  su legitimidad y poder de movilización a partir de su condición de Instrumentos de la Soberanía de los Pueblos es decir de las tres organizaciones fundacionales y campesinas que le dieron origen (Bartolinas, Sindicatos campesinos Tupac Katari y los interculturales-cocaleros y otras alineadas en el camino) que ocupan cargos públicos, que eluden  rendir cuentas al conjunto de la sociedad, proclaman la informalidad y su desapego a las leyes y que cómodamente están al margen del control y el cumplimiento de obligaciones que la LOP intenta establecer.

Legislemos con realismo. ¡Aprendamos del Fondo Indígena, de la conducción del sector minero, de las cuotas sindicales de los mal llamados movimientos sociales que no son otra cosa que burocracias corporativas empoderadas pero lamentablemente,  política y orgánicamente irresponsables!  

La autora es psicóloga, cientista política, ex parlamentaria