Quillacollo: espejo de riesgos y amenazas

Siguiendo la jerga relativa al desempeño municipal post participación popular (1994) Quillacollo no es un municipio “estrella”, es un municipio “estrellado”. Con una población que orilla los 140.000 habitantes, es una de las 14 ciudades intermedias no capitalinas con más de 50.000 habitantes. Desde hace 14 años, su población vive los efectos de la inestabilidad política institucional.  Su  democracia es frágil y  su gestión edilicia crónicamente deficiente. Nos sorprende con escándalos de corrupción, reales, magnificados e imaginarios, al extremo de reportarse, en febrero pasado,  la existencia de 90 procesos penales en contra de exalcaldes y funcionarios. 

El desgobierno se instaló el año 2005, para escalar de manera insospechada en 2018, año a partir del cual  hemos conocido a cuatro Alcaldes. El “pasanaku”  edil, de siglas y transfugio itinerantes logró uno de los récords en la historia de la democracia municipal boliviana. En 14 años Quillacollo ha tenido 11 alcaldes.

El análisis del comportamiento histórico de la ingobernabilidad en Quillacollo me lleva a una conclusión. El MAS tiene la mayor cuota de responsabilidad en esta crisis larvada desde las elecciones del año 2005. Como partido hegemónico en Cochabamba, y más tarde en el país, Quillacollo era un trofeo de guerra irresistible. En diciembre de 2004, el MAS logró una mayoría simple, aunque bajo la modalidad electiva de la época accedió a la alcaldía el segundo más votado,  Héctor Cartagena, ex alcalde de Unidad Cívica Solidaridad, quien terminó renunciando ante denuncias y amenaza de juicios por corrupción activadas por el MAS. Una vez logrado su objetivo, hasta 2009  tuvo cuatro alcaldes, que tuvieron que lidiar con la conflictividad y disputas irresolubles entre facciones urbanas y rurales así como múltiples  turbulencias en el seno mismo del partido de Evo Morales.

En 2010, el MAS obtuvo el 33 por ciento de votos mientras que una coalición opositora encabezada por Charles Becerra obtuvo cerca del  40 por ciento de respaldo. El 2014, ganó Eduardo Mérida bajo la sigla opositora de Frente Para la Victoria con 46 por ciento, 10 puntos por encima del candidato del MAS que ¡oh sorpresa! no era otro que Charles Becerra.

¿Qué ocurrió? La aritmética en el concejo municipal era compleja. En ambos casos y momentos, Becerra y Mérida ganadores opositores en elecciones,  empataron en número de concejales 5 a 5 con el MAS, mientras una sigla solitaria contaba con el  voto de oro flotante para garantizar gobernabilidad. En esas condiciones el bloqueo del MAS a la gestión era inminente. Hostigó juicios por aire, mar y tierra, hasta lograr su objetivo. La estrategia fue múltiple, judicialización, bloqueo institucional y financiero con complicidad del gobierno central y en las calles por medio de sus bases movilizadas. La cooptación y el chantaje era otra alternativa.

Becerra,  opositor victorioso en 2010,  terminó acorralado por la presión por “pegas” de sus seguidores y la desestabilización del MAS. Entre chantajes terminó siendo cooptado por el oficialismo que  prometió hacerle más fácil la vida (es decir la gestión) garantizando un flujo de recursos generoso desde el programa Evo Cumple y del gobierno central. Le aseguraban  estabilidad a la par que era creciente el resentimiento del electorado anti-MAS que lo impugnaba. En 2014, pagó la factura, perdió su respaldo.

¿Tan incontenible es la pulsión por acceder al poder en un espacio municipal donde no solo se es derrotado y donde los acuerdos y respuestas a las  necesidades cotidianas de la gente debieran ser menos mezquinos y  complicados? En Bolivia ¿es pensable la  gestión pública transparente, libre del miedo y del chantaje claramente antidemocráticos? Hace unos días, la guerra de Quillacollo tuvo como corolario polémico el retiro del retrato presidencial del concejo, ¡vaya herejía!,  y la incertidumbre de más de mil funcionarios que trabajan al ritmo de sobresaltos.

No hay duda, Quillacollo resume los efectos incrementales de prácticas políticas perniciosas cada vez más arraigadas en los diversos actores políticos y sociales a fin de acceder y garantizar poder político perpetuo y total a cualquier costo, modus operandi que no excluye el fraude electoral.  

La autora es psicóloga, cientista política, ex parlamentaria