Una comisión a tropezones

Escribió Luis Oporto, funcionario de la vicepresidencia del Estado Plurinacional, hace dos meses, que la entrega de documentos a la Comisión de la Verdad “era un acto de trascendencia histórica”. Parecería que hay una tendencia en el gobierno masista de calificar cualquier actividad como “histórica”.

Los archivos entregados están en el Archivo y Biblioteca del Congreso desde que hubo gente que sí investigó sobre la dictadura de Hugo Banzer –como son los expedientes del Juicio de Responsabilidades iniciado contra éste por el entonces diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz– y el proceso contra Luis García Meza con datos recopilados por Juan del Granado y otros.

Aparecen muy simpáticos en la foto el autor de la nota y miembros de la llamada comisión para la “Memoria, Justicia y Reparación”. Todos ellos ligados al Movimiento al Socialismo y sólo uno con experiencia en investigación académica, documental y de archivos, el exdirigente minero, Edgar Ramírez.

De los otros miembros nombrados a dedo el 21 de agosto del año pasado, para dar cumplimiento a la Ley 879 de 2016, no existen antecedentes en ese sentido. Isabel Vizcarra es una activista sin formación en metodologías de la investigación. Eusebio Gironda es un abogado que ejerce como tal y también escribe libros, pero anulado para formar una “comisión de la verdad”, después de negarse a dar la preciada información que posee sobre el escándalo de la amante del primer Mandatario, Gabriela Zapata. El dirigente Teodoro Barrientos tampoco aportó anteriormente con indagaciones. Nila Heredia ha fracasado en los otros puestos que le dio el MAS, como ministra de Salud, como interventora de Cotel, como subalcaldesa de la gestión de Omar Rocha, en La Paz.

Al crear una comisión para investigar crímenes de las dictaduras militares, el gobierno daba respuesta a una demanda de los familiares de víctimas y familiares de asesinados o desaparecidos por causas político–sindicales entre 1964 y 1982. Otros intentos fallaron. La idea más reciente la impulsaron miembros de esas organizaciones que luego denunciaron al gobierno por copiar su propuesta a la vez que los dejaba de lado.

Aunque había que darle el “beneficio de la duda”, hubo desconfianza sobre la eficiencia de ese grupo de trabajo, desde que fue nombrado. Se ignoró a quienes podrían realmente dar un informe original y no repeticiones, como el abogado Juan del Granado o Amparo Carvajal y militantes de Derechos Humanos que no sean sólo de La Paz.

Murió Luis García Meza sin ser interrogado, salvo por un exfuncionario de Régimen Penitenciario que aprovechó su condición para redactar un libro. Murió sin ser dado de baja, en cárcel privilegiada o fuera de ella casi siempre, gozando de una fortuna que se traducía en caballos de carrera, inmuebles, cuentas bancarias.

Murió protegido por las Fuerzas Armadas, las mismas que apoyaron las dictaduras y que ahora cogobiernan con el MAS, las mimadas del proceso de cambio. Difícilmente dirán qué pasó con Quiroga Santa Cruz, con Carlos Flores y tampoco qué pasó en el Hotel Las Américas. El funcionamiento del Departamento de Inteligencia continúa como hace cincuenta años.

La autora es periodista.