La investigación a Carlos Mesa
La decisión de la Fiscalía de abrir de oficio una investigación contra el expresidente Carlos Mesa es una nueva muestra de la subyugación de este organismo a los intereses gubernamentales.
El martes, la diputada masista Susana Rivero denunció que Mesa recibió, en 2009, un depósito de $us 30.000 de parte del ahora exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina, quien está detenido e investigado por sus nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro Paz. La legisladora sugirió que ese monto era parte de un lavado de dinero.
Mientras en algunos casos mira de palco y en otros la lentitud es manifiesta, ahora el Ministerio Público actuó en tiempo récord y el pasado viernes, tres días después de las declaraciones de Rivero, determinó investigar de oficio al candidato de la agrupación Comunidad Ciudadana.
El expresidente, que informó que el dinero era parte de la venta de un departamento en La Paz, denunció que la verdadera intención detrás de estas denuncias es, tal como ha ocurrido en otras ocasiones, intentar la inhabilitación de su candidatura a la presidencia del Estado. Aseguró que no lo amedrentan y acusó al Gobierno de ser corrupto y autoritario y tener los mayores nexos con el narcotráfico.
Si bien el Ministerio Público cumple con su función al investigar de oficio, su accionar en esta situación no hace más que agregar desconfianza a su transparencia e imparcialidad. ¿Por qué no actúo también de oficio en el caso que relaciona a Medina y al capitán Fernando Moreira con Montenegro Paz? En vez de eso, ambos ahora expolicías fueron voluntariamente el 23 a prestar sus declaraciones, pero el Ministerio Público los convocó para el día siguiente.
En ese sentido, no se debe olvidar que, al margen de los diversos casos que puedan surgir, uno que debe ser atendido con la mayor fortaleza, imparcialidad y profundidad, es precisamente el relacionado a los vínculos del narcotráfico con la Policía.
Además, hay muchos ejemplos en los que ha actuado con sorprendente celeridad o bien, con desesperante lentitud. También, lamentablemente, son varios los hechos en los que ha demostrado actuar contrario a las normas, afectando a inocentes. El caso del médico Jhiery Fernández, encarcelado tras pruebas montadas, fue uno de los claros ejemplos de lo bajo que cayó la Fiscalía y los operadores de justicia.
Qué bueno sería que el Ministerio Publico, tal como se determina en la Constitución Política del Estado, defienda a la sociedad y no se transforme en un brazo ejecutor contra los rivales y enemigos del Gobierno, tal como ocurre hoy en día.
