No perder oportunidad de perder la oportunidad (II)

Son numerosas las continuidades que marcan nuestro devenir nacional e influyen en no perder oportunidad, de perder la oportunidad o no superar la trampa del ingreso medio que, en nuestro caso, de mediar una década perdida adicional, será la trampa del ingreso bajo.

La primera y más antigua es la continuidad de “la ley se acata, pero no se cumple” que, lejos de lo usualmente pensado, no se aplica solo a gobernados, sean estos súbditos con escasa o inexistente justicia o ciudadanos con plenos derechos. También se aplica a autoridades coloniales o a representantes de poderes estatales que, se supone, ejercen sus funciones en equilibrio de poderes y respetando los derechos humanos y políticos de los ciudadanos.

Para ilustrar esta continuidad, recordemos que el 7 de octubre de 1541, el emperador Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico dictó: “Encargamos y mandamos a nuestros Virreyes, Audiencias y Gobernadores que, con especial cuidado provean, que en todos los pueblos de españoles e indios de sus provincias y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejecute la caridad cristiana”. Para evitar  pensar que esta real ordenanza es “excepcionalmente” ilusa,  mencionemos que el hijo y heredero de Carlos I, Felipe II (el Prudente) dicta en 1593: “Todos los obreros trabajaran ocho horas cada día, cuatro a la mañana y cuatro a la tarde en las fortificaciones y fábricas, que se hiciere, repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol, más o menos, lo que a los ingenieros pareciere, de forma que no faltando un punto de lo posible, también se atienda a procurar su salud y conservación”. Esta norma se adelanta así en 275 años a la primera efectiva legislación sobre jornada de ocho horas de trabajo en EEUU.

Tal es la cantidad de normas poco menos que imposibles de cumplir que se dictan durante el período colonial, que el aforismo la ley se acata, pero no se cumple parece ser una forma de gobernanza, un management tool de las autoridades para disminuir descontentos y lograr la persistencia de instituciones extractivistas. Pero en pleno siglo XXI en Bolivia, la ley se acata, pero no se cumple, continua como moneda de cambio. Es así que en agosto de 2008 se explicita a nivel de Presidente del Estado: “si los abogados me dicen es ilegal, yo le meto nomás y les digo métanle nomás y después lo legalizan, para eso han estudiado”.

Sería un error y una injusticia monumentales pensar que todas las autoridades tuvieron la intención, en todas las leyes y normas, de buscar el no cumplimiento de ellas. Pero detectar a lo largo de más de 400 años, ordenanzas que no eran susceptibles de cumplimiento o mandatarios que buscaban el explícito incumplimiento de leyes, muestra hasta qué punto el aforismo la ley se acata, pero no se cumple, no fue totalmente superado en nuestra sociedad, pese a destacadísimos esfuerzos y logros de estadistas, tribunos, abogados y en general personas de justicia con responsabilidad gubernamental o no.

La ley se acata, pero no se cumple, se relaciona con varios fenómenos negativos y sobre todo con la “indisciplina” de los ciudadanos, el clientelismo y caudillismo de las autoridades. Existe poca literatura que liga dicho fenómeno con altos costos de transacción, es decir, con los costos en que se incurre para llevar a cabo una transacción de mercado y por lo tanto con baja productividad. No obstante, es apenas evidente que cuando el respeto de la ley depende aleatoriamente de que las autoridades quieran aplicarla y los ciudadanos cumplirla, el respeto de los contratos, todo tipo de contratos, se mantiene en la incertidumbre y, por ende, las estimaciones de los rendimientos de los proyectos de inversión son dependientes de variables extraeconómicas, ajenas al manejo de los inversores, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.

De esta manera, si invertir supone correr riesgos, hacerlo donde la ley se acata, pero no se cumple, es como remar en dulce de leche. Por lo tanto, en nuestro país, es razonable pensar que tiende a haber menos inversión privada, que la inversión privada que se realiza es de menor riesgo y que probablemente, una parte de ella es ejecutada solo con riesgo “garantizado” mediante arreglos excepcionales que buscan que la ley se acate y se cumpla.

En distintos países, pero especialmente en Bolivia el aforismo la ley se acata, pero no se cumple es fuente primordial de costos de transacción permanentemente altos y, por ende, generadores de insalvable baja o muy baja productividad, siendo esta la segunda causa primordial de que no perdamos oportunidad, de perder la oportunidad.

La baja y muy baja productividad en el país, es constatable en distintos sectores: primarios como la agricultura y la extracción minera, secundarios como la industria, los servicios públicos de energía y la construcción y terciarios como el comercio, el transporte y las telecomunicaciones. El que no mencionemos otros sectores no los exime de mostrar también una baja productividad.

Como efecto y causa de una baja productividad en los sectores primario, secundario y terciario de nuestra economía, en Bolivia la denominada productividad total de los factores (PTF), además de ser baja, resulta que no ha crecido e incluso ha disminuido a través del periodo de aparente mayor modernización que el país ha conocido durante los últimos 60 años. Diversos estudios apuntan a ello, pero resulta particularmente impactante que especialistas del denominado “nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo” que teóricamente nos alejó de la pobreza, disminuyó las desigualdades sociales y nos lanzó por el camino de la “industrialización”, concluyan que tan publicitado modelo no mejoró, sino vio declinar la productividad total de los factores.

Especialistas del BCB, partidarios explícitos del “nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo”, constaron que el PIB real de Bolivia entre 1960 y 2017, más que se cuadruplicó. Ello se explica porque en ese periodo en el país, se multiplica tanto el stock de capital real como el de empleados. Pero aquí viene la sorpresa, el estudio constata que el índice de productividad del capital en Bolivia, que en 1960 se sitúa en 100, alcanza un pico de 110 en 1967 y a partir de ese año, con escasos y cortos periodos de recuperación, el índice de productividad del capital no cesa de disminuir de manera tal que, en 2017, éste habría sido sólo un poco mayor a 60. En 2017 la productividad del capital, incluso habría sido menor a la de 2004.

Es decir, increíblemente, ni siquiera la exitosa renegociación de la deuda externa de Bolivia, ni el descubrimiento de nuevos campos gasíferos en el país, la conclusión del gasoducto a Sao Paulo, la firma de contratos de venta de gas a Brasil y el superciclo de las materias primas, del que nos beneficiamos, fueron suficientes para que el “nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo” pueda contribuir al incremento de la productividad ni del capital ni del trabajo.

En efecto, la intensidad del capital “que expresa el aumento de capital por trabajador en la economía” se triplica entre 1960 y 2017, pasando de 100 en 1960 a más de 300 en 2017. En ese mismo periodo, el índice de productividad laboral, pasa de 100 a poco más de 180. Por lo tanto, el índice de la relación productividad laboral sobre intensidad de capital, que es de 100 en 1960, disminuye persistentemente y en 2017 es menos de 60. Por lo tanto, en Bolivia desde 1960, durante 57 largos años, además de disminuir la productividad del capital, ha disminuido la productividad relativa del trabajo.

Cualquiera sea la modernidad o las modernidades a las que aspiremos como república o Estado, o la “visión país” que tengamos los ciudadanos, todas ellas resultan inalcanzables con un tejido productivo en el que los principales factores de producción, no obstante espectaculares adelantos tecnológicos e incrementos en la educación, no cesan de disminuir su productividad absoluta o relativa. Esta baja y decreciente productividad relievada por más de medio siglo, es la más potente y la más ignorada de las razones para que no podamos trascender la situación de ingreso bajo o medio.

Las anteriores dos continuidades, la ley se acata, pero no se cumple y la baja productividad, contribuyen a una tercera enormemente perjudicial: transformar de manera recurrente la política, del apasionante arte de lo posible, al pendular ritual del “cambio de modelo”; lo cual contribuye a generar una distrofia institucional, que cierra el círculo de no perder oportunidad, de perder la oportunidad.

El autor es economista, ernesto.aranibar@gmail.com

Del mismo autor:

No perder oportunidad, de perder la oportunidad (I)