Otro arbitraje perdido
Nuevamente el Estado boliviano ha perdido un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo internacional establecido por el Banco Mundial para estas controversias entre Estados e inversionistas privados.
El arbitraje que el Estado ha perdido esta vez fue interpuesto en 2018 por el grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), propietario de la Administradora de Fondos de Pensiones Previsión, que gestionaba fondos para la jubilación desde la reforma previsional de 1997. El reclamo central del arbitraje consistía en que los derechos a los que accedió este grupo financiero en el momento de ingresar al país fueron violados cuando el gobierno del expresidente Evo Morales resolvió “nacionalizar” la gestión de las pensiones jubilatorias y tomar el lugar del Previsión AFP mediante una Gestora Pública de las jubilaciones. El CIADI ha determinado, mediante un laudo arbitral, que el Estado debe pagar 105 millones de dólares a BBVA por la “nacionalización” de sus intereses en Bolivia.
Es una pésima noticia para el país esta nueva derrota, que sin embargo se suma, de acuerdo con los datos de una petición de informe congresal a la Procuraduría General del Estado (PGR), a otros 11 procesos que han costado al menos 714 millones de dólares; es decir, si agregamos el monto del último contraste a esa lista de procesos arbitrales con resultados desastrosos y negativos para las arcas fiscales, hoy severamente disminuidas por la crisis, se concluye que el costo de las “nacionalizaciones” y demás controversias masistas asciende a 820 millones de dólares sólo en indemnizaciones y sin contar la millonaria suma que demandó contratar a abogados especializados en el derecho internacional de arbitrajes.
Otro aspecto que tiene que llamar la atención en esta retahíla de derrotas jurídicas internacionales es el pobre y triste rol de la PGR, que hasta ahora no ha logrado un solo resultado positivo para los intereses nacionales; por el contrario, inclusive su accionar ha sido contraproducente si recordamos que se pagó a la chilena Quibórax, por la nacionalización de sus intereses, una suma exorbitante, que excedió con creces a la demandada por esa firma extranjera, en medio de la sospechosa y vergonzosa conducta de los funcionarios de la PGR.
Pero el campeón de las actuaciones cuestionables es el actual procurador, Wilfredo Chávez, quien se ha abocado a impulsar recuentos electorales, en un grotesco intento de usurpar las facultades y atribuciones del Tribunal Supremo Electoral, y también a ser el primero en promover la persecución política de opositores.
¿Qué tienen que ver las desacertadas y politizadas intervenciones públicas de Chávez con la defensa de los intereses del Estado? Nada. Lo que las justifica es que este funcionario público, que ha convertido la PGE en una fuente de pegas para masistas —incluso sin competencia, como la novel abogada hija del expresidente Evo Morales—, más que defender los intereses del Estado en realidad defiende los de su jefe partidario y excliente, el cocalero Morales.
La derrota ante BBVA debería ser aprovechada para echar a Chávez de la PGR, por su marcada incompetencia y negligencia, incluso para elegir a estudios de abogados que, ojalá, alguna vez se impongan en un arbitraje.
