La mordida

Quería escribir sobre por qué, en el país, hay gente que se cree en el derecho de tumbar árboles sin normativa que realmente lo impida, pero vi la noticia de dos hombres, trabajadores en el lugar, que habían sido atacados por los avasalladores de las tierras del Complejo Turístico Kim, en Santa Cruz. Uno contaba que los torturaron por horas y que los avasalladores le mordían los dedos de una mano mientras otros lo apaleaban y le mordían la espalda, todo a vista de la Policía, impasible. Y se me erizó la piel por el miedo.

Sé que se ha escrito mucho sobre el origen de todo el conflicto por tierras en el país. Pero el tema de las tierras de la familia Kim Rojas implica también un daño ambiental gravísimo y es ahí donde quiero hacer hincapié.

Las tierras de la familia Kim Rojas abarcan 109 hectáreas. Están en la jurisdicción de La Guardia. Por sus características, se trata de un área de conservación natural y una reserva de acuíferos de agua dulce para la ciudad, ubicada en las cercanías de las Lomas de Arena. En la zona se encuentran varias lagunas que permiten integrar la cuenca del Río Piraí con la del Río Grande. El agua de las lagunas se infiltra en la capa subterránea y alimenta los acuíferos o bolsones de agua de la ciudad, según explica el periódico El Deber.

Toda la zona se encuentra (sí, aunque no lo crea) protegida por la Ley Departamental 208, que ordena la creación de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural - Paisaje Protegido Departamental “Güendá - Urubó” y la protección de la conectividad del agua. Es fácil imaginar lo que hicieron los avasalladores con dicha Ley.

Ante la gravedad de los primeros avances de los avasalladores en el lugar, la Gobernación hizo una inspección al lugar y encontró asentamientos irregulares, así que pidió informes a los municipios de Santa Cruz de la Sierra y La Guardia, pero no los recibió. 

Por su parte, la Alcaldía cruceña también efectuó sus propias inspecciones, que deben haber tenido resultados, aunque poco conocidos. Mientras, el INRA deslindó responsabilidades en el caso, pues al encontrarse el predio dentro de la mancha urbana dijo no tener competencia.

Se entiende entonces que entre la división de unos (Gobernación y Alcaldía) y la inacción del otro (INRA) los avasalladores aprovecharon para instalarse ilegalmente e incluso exigir que se les dote de alumbrado público.

Preocupa mucho que las autoridades, por una revancha política, tiren cada una por su lado y no puedan trabajar en conjunto desde hace casi 18 años de estos gobiernos, que prometen tierra como botín a sus movimientos sociales. 

Si ni siquiera cumplir con su eslogan de hijos predilectos de la Pachamama, eslogan que además el Gobierno vende internacionalmente, hace que reaccione, ¿qué nos hace pensar que preservar animales y bosques puedan hacer frente a la fórmula letal de desarrollo/ilegalidad/cocal? 

Está claro que acá lo que importa es quién jala más agua a su molino, no la seguridad jurídica ni personal de nadie. Ponerse de acuerdo les es tan difícil como comprender lo inmenso de la necesidad de que lo hagan. Mientras tanto, los avasalladores seguirán ganando terreno, a patadas o a mordidas.