Consejos para los opositores
La columna pasada prometí hablar para las oposiciones. Espero que mis opiniones —deber ciudadano— sean escuchadas, a sabiendas que hay egos —electos y no electos— con anacusia con la sociedad civil.
Es hora de barrer la hojarasca y espabilarse de autocomplacencias para llegar a 2025.
El año 2019 fue un momento de ejercicio de la voluntad mayoritaria del país al decir NO. (Siempre me pregunto si los amanuenses leguleyos del poder —no por sonrojo o dignidad, carencias de facto— pensarían en la impunidad in aeternum… es verdad que la transición no pudo —o no quiso o no supo— hacer algo: error craso que paga). Fraude y apresurada huida —¡no golpe!— del exjefazo y su cohorte, los escasos once meses de la transición —pandemia por medio— fluyeron desde la esperanza al fracaso y terminaron abonando el MASRetorno, acumulando errores de estrategia —¿o fue fontanería?—, egolatría y camarillas de poder con corrupción que hicieron fracasar las buenas voluntades que, sinceras muchas y convencidas de su misión, también hubo.
Pero no me detendré en lo que pasó, sino en lo que pasa y pasará.
Bolivia lleva desde 2002 sin un real ejercicio de oposición estructurada desde un sistema de partidos establecido; ya antes, frente a la estrategia “coca cero”, el sindicalismo había resucitado —ahora cocalero (con make up campesino)—, y desde 2006 en el poder fue armando un corporativismo que se encargó de gestionar omnímoda y egoístamente.
El fracaso de los partidos desde 1998, sobre todo, llevó una forma de lucha —la cívica— que, más en Santa Cruz, había sido uno de los motores del despegue de la región dentro de lo que H. C. F. Mansilla denominó cruceñismo liberal —aunque la cada vez creciente inmigración interna a Santa Cruz, sobre todo después del 2000, hace pensar que más es un bolivianismo liberal, pero ésa es otra discusión—: las luchas cívicas, con la sociedad civil como eje. Las movilizaciones de 2004 (en defensa de la libertad, derechos individuales y autonomía), 2005 (por autonomía y trabajo) y las dos de 2006 (ambas por aspectos del referéndum autonómico y su carácter vinculante en la futura Constitución) fueron antecedente para los movimientos de 2019 y —con bemoles— 2022.
Es precisamente ese fracaso de partidos y organizaciones en 2019 y, peor, en 2020 el que llevó en 2022 a repotenciar la lucha cívica desde la organización más histórica y estable —el Comité Pro Santa Cruz— tomando bandera en la defensa del censo, legalmente fijado para ese año y oficialmente ratificado para después el Gobierno rocambolescamente escamotearlo. Lamentablemente, mal gestionada la defensa (sin coordinar con el resto de las organizaciones cívicas del país; con negociaciones fracasadas por berrinches de ambas partes; sin involucrar a las representaciones políticas de las oposiciones —Creemos directamente— hasta el final y entonces con gallineo —con cuatro o cinco propuestas de ley del censo por la bancada creemística—; con un paro ciudadano que se alargaba hasta el absurdo porque no había estrategia B a la que pasar y, de junto, la urgencia, como señalaron los dirigentes empresariales cruceños, de cuidar que no se debilite la economía local con paros, cercos y bloqueos porque esa es la fortaleza de su voz nacional).
Si bien un buen augurio del nuevo liderazgo cívico es priorizar la reforma de la justicia —en progreso a pesar de “políticos opositores”—, establecer coordinación con similares del resto del país y no abusar de paros que dañan al propio pueblo, es importante no desperdiciar energías en esfuerzos errados: un revocatorio de Arce, si funcionara, sólo beneficiaría a Morales; el pedido de amnistía sólo justificaría el mantra “del golpe”, como bien señaló Camacho.
Hay que crear organizaciones políticas institucionalizadas: ni caudillistas ni coyunturales. Y hay que formar líderes reales nacionales. En tanto, las peleas cainitas por mantener en funciones activas un gobernador que no puede ejercerlas efectiva y oportunamente desde la cárcel y no sustituirlo internamente —que no es cambiarlo— por quien corresponde por propia ley autonómica, sólo se entienden por inmadurez política y por angurria de entornos por sobrevivir.
Es hora de formar líderes —ni caciques ni predestinados de barricada— y políticos para sustentar esos liderazgos. Los primeros se incuban en muchos años; los segundos no pueden ser cosecha de último momento. En 2025, sin líderes ni unidad de las oposiciones, la batalla (hasta ahora) será MASArce versus MASEvo; las oposiciones tienen que apostar a potenciar amplias bancadas útiles y activas.
Aún me queda para la próxima entrega.
El autor es analista, consultor y escritor
Columnas de JOSÉ RAFAEL VILAR