El 14 de julio finalizó uno de los ciclos, tal vez el más importante, de la historia de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) tras la salida de David Paniagua, el hombre fuerte de la agremiación.
El juez Héctor Quilla, del Juzgado de Instrucción en lo Penal de La Paz, ayer en audiencia virtual determinó ampliar por tres meses más la detención preventiva del secretario general de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), David Paniagua, quien permanecerá en la cárcel de San Pedro hasta agosto.
La audiencia virtual, en la que se debían considerar las excepciones e incidentes presentados por la defensa de David Paniagua, secretario general de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), fue suspendida hasta el próximo lunes 20 de marzo, a las 14:00.
Los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz precintaron ayer las oficinas de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), por el caso David Paniagua, quien está con detención preventiva, desde el mes pasado, en la cárcel de San Pedro, en La Paz.
Luis Caballero, asesor legal de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), informó que se solicitará el sobreseimiento de la demanda contra David Paniagua y su inmediata liberación, toda vez que la denuncia no tendría fundamento, porque señalan que “nunca” hubo desembolsos a Fabol por el caso del extinto DT Marcos Ferrufino.
La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFpro) de Sudamérica solicitó, a través de un comunicado, un juicio justo para David Paniagua, secretario general de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), quien se encuentra recluido con detención preventiva en la cárcel San Pedro por una denuncia de estafa múltiple.
El secretario general de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), David Paniagua Yépez, fue aprehendido ayer en Santa Cruz y posteriormente trasladado hasta El Alto por una orden judicial emitida por el fiscal de materia, debido a una denuncia penal por presunta estafa con agravación de víctimas múltiples según los art. 335 y 346 del Código Penal.