Dos decretos del Gobierno preocupan a una relatora de la ONU
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, expresó su “profunda preocupación” por los decretos supremos 5673 y 5675, al advertir que podrían restringir derechos fundamentales y aumentar el control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia.
En una comunicación dirigida al Gobierno boliviano, Romero señaló que ambas normas podrían reforzar “un marco legal que impondría a la libertad de asociación restricciones incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”.
Decretos cuestionados
El Decreto Supremo 5673 establece el Registro Único Nacional (RUN), obligatorio para ONG y fundaciones nacionales y extranjeras que operan en el país.
Al respecto, la relatora cuestionó las exigencias administrativas, las facultades de supervisión estatal y la falta de criterios claros para aplicar medidas correctivas o suspender registros.
Romero, de origen colombiano, advirtió que estas disposiciones podrían generar “inseguridad jurídica” y ser utilizadas de manera discrecional contra organizaciones críticas, defensoras de derechos humanos o dedicadas a la lucha contra la corrupción.
Sobre el Decreto Supremo 5675, que redistribuye competencias gubernamentales relacionadas con la personalidad jurídica y la cooperación internacional, Romero alertó que la falta de procedimientos claros para suspender o revocar registros podría afectar gravemente la autonomía de las asociaciones.
“Exigir la alineación de las asociaciones a planes oficiales podría afectar gravemente su autonomía”, sostuvo la experta, quien también cuestionó la posibilidad de condicionar la cooperación internacional a las prioridades estratégicas del Estado.
Restricciones condicionadas
La funcionaria de la ONU recordó que las restricciones a la libertad de asociación deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Asimismo, advirtió que los decretos no contemplan un régimen de transición que evite duplicidad de trámites y retrasos administrativos.
Romero solicitó al Gobierno información sobre la compatibilidad de ambas normas con las obligaciones internacionales de Bolivia, las garantías para evitar daños permanentes a la sociedad civil y los recursos disponibles para impugnar medidas que vulneren estos derechos.
