Más argumentos contra el prorroguismo
El referéndum a realizarse en febrero de 2016 tiene el propósito de lograr que quienes en el futuro ejerzan las dos principales funciones en el Órgano Ejecutivo sean reelectos después del desempeño de sus cargos durante dos períodos consecutivos de gobierno. La reforma proyectada sólo se refiere a quienes gobiernen constitucionalmente en dos periodos consecutivos sin adiciones ilegales.
Los ciudadanos que actualmente desempeñan esos dos cargos para la gestión 2015-2020 después de haber ejercido los mismos durante dos gestiones continuas, prorrogaron sus mandatos, para ejercicio en un tercer periodo, en contra de la Constitución Política del Estado. En consecuencia, ya cumplieron su indudable anhelo de larga permanencia en el poder desde enero de 2006 hasta el que deberá concluir en enero de 2021.
Tal proyecto debe ser rechazado en el próximo referéndum pues en caso de ser aprobado por mayoría, la actual Constitución continuaría vigente. Se puede en principio coincidir en la necesidad de reformar la Constitución Política del Estado, pero no precisamente para aceptar el proyecto de referencia sino para otro tipo de cambios.
Se impone en primer lugar devolver a nuestro Estado la denominación de “República de Bolivia” que es la tradicional y que figura como adecuada en el Artículo 11 de la actual Constitución Política del Estado, sin perjuicio de la declaración que hace constar en su Artículo 1 que Bolivia tiene el carácter de Estado Social de Derecho Plurinacional Comunitario.
Tal cambio debe traducirse en la convocatoria a una Asamblea Constitucional para promulgación de otra Constitución por diversas razones, entre las cuales figura la necesidad de hacer desaparecer las contradicciones existentes entre unos y otros artículos, que actualmente como resultado que derechos fundamentales sean expresamente reconocidos por una parte y negados por otra. Esa necesidad se puede apreciar por los siguientes ejemplos:
El Artículo 178 declara que la potestad de administrar justicia se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, probidad, seguridad jurídica y otros como los concernientes a gratuidad, celeridad y pluralismo jurídico. Contradiciendo tal declaración, los cuatro primeros de esos principios están fuera de la realidad por el virtual sometimiento de tal potestad al Órgano Ejecutivo a través del Legislativo debido al sistema de designación de los magistrados del Órgano Judicial establecido en el Artículo 183.
El numeral II del Artículo 180 garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, en clara concordancia con lo establecido en el Artículo 8, inciso h), numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que expresa que toda persona inculpada de delito tiene derecho a recurrir del fallo respectivo ante otro juez o tribunal.. Contrariando esa regla, y desconociendo las disposiciones contenidas en la misma Constitución que dan carácter de obligatorio cumplimiento a los tratados internacionales (artículos 13-III y 256-I y II), se ha consolidado el sistema de juzgamiento en única instancia sin derecho a apelación en procesos contra Presidente y Vicepresidente de la República (Artículo 184-4) y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental y del Control Administrativo de Justicia /Artículo 160-6).
El numeral II del Artículo 5, que dispone que los funcionarios del Estado, en cada distrito departamental, deben forzosamente hablar, además del castellano, algún idioma prehispánico. En todo el país, millones de personas hablan únicamente el castellano. La obligación de hablar otro idioma constituye un atentado contra el derecho de autoidentificación cultural establecido en el numeral 1 del Artículo 21.
El autor es abogado, fue profesor universitario y ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Columnas de Krishna Jones






















