Indicadores empresariales al 2017

La base empresarial al cierre de 2017 ha crecido en 4% respecto de 2016; esto implicó pasar de 284.271 a 295.829 empresas, con una concentración elevada en unipersonales. Este crecimiento es sustancialmente menor a lo que se reportó en años previos, cuando las tasas de expansión anual superaron los dos dígitos.

El saldo de empresas vigentes resulta de la diferencia entre el número de registros nuevos de empresas y la cancelación de matrículas, es decir el número de empresas que dejan de operar. En 2016, el número de nuevos registros fue de 19.211 empresas, mientras que en 2017 esta cifra cayó a 18.882. Por su parte, la cancelación de matrículas subió de 7.181 en 2016 a 7.331 en 2017. Así, la combinación de ambos efectos explica la menor dinámica en el crecimiento de la Base Empresarial durante el último año.

El registro y la cancelación, se han movido en una dirección adversa al propósito de ampliar la base empresarial; si bien el efecto combinado no ha logrado contraer el saldo, es claro que al menos ha frenado la tendencia positiva que venía de años pasados. Sin duda que la desaceleración económica es parte central de la explicación de este resultado, pero también lo son otras dimensiones, como la burocracia y los costos de la formalidad.

Otro indicador importante del desempeño empresarial son las utilidades generadas por éstas, calculadas a partir de la recaudación del IUE, dividiendo tal monto entre la alícuota que es de 25% para la mayor parte de los sectores.

Así, tomando las recaudaciones tanto en efectivo como en valores fiscales, el monto de las utilidades habría pasado de Bs. 41.517 millones en 2016 a Bs. 38.600 millones en 2017, es decir una caída de 7%.  La caída en 2016 fue de 16% respecto de lo reportado para 2015. En consecuencia, es posible advertir una menor utilidad que combina, entre otros factores, menos ingresos y/o mayores gastos operativos, entre ellos los costos salariales.

Si se toma en cuenta el número de empresas vigentes en el registro de comercio, es posible calcular la utilidad promedio anual total, que resulta de dividir un monto decreciente de utilidades entre el número de empresas. Así, la utilidad promedio habría bajado desde Bs. 244.488 por unidad en 2012, a Bs. 130.479 al cierre de 2017.

En suma, los indicadores analizados dan cuenta de dos hechos importantes: primero, el número de nuevas empresas que se inscriben en el registro de comercio ha bajado, el número de cancelaciones de matrículas ha subido y el total de la base empresarial casi se ha estancado en 2017. Segundo, las utilidades calculadas a partir de datos oficiales de recaudaciones por el IUE reportan una caída en 2017, y cuando se analiza la utilidad promedio, se tiene una caída más evidente en este indicador.

Cabe la pregunta respecto de la capacidad de las empresas para poder enfrentar nuevos incrementos de costos, especialmente el ajuste salarial. Las empresas pequeñas y medianas son las que mayor empleo generan para personal menos calificado, como los servicios, restaurantes, hotelería y otros similares. Este personal es el que devenga, en mayor proporción, el salario mínimo nacional, y viendo el pasado, los más grandes ajustes se han producido en este componente. Así, es natural esperar que nuevos incrementos afecten, particularmente, al empleo menos calificado que es el más vulnerable y susceptible de migrar hacia la informalidad por falta de oportunidades en lo formal.

La política salarial es un instrumento de doble filo. Los incrementos fuertes que encarecen el costo laboral inducen al desempleo pues contraen la demanda de trabajo formal. Pero, además facilitan la migración y sobreoferta de mano de obra en el mercado laboral informal, donde la calidad del empleo se precariza más. Así, una política que busque favorecer a los trabajadores e imponga incrementos demasiado altos, termina siendo contraria a los intereses de grandes segmentos de trabajadores, especialmente los menos calificados y los jóvenes que aún no tienen capacidades consolidadas o están en busca de sus primeros empleos. El trabajo formal en el país no representa más del 40% de la Población Ocupada, incluyendo al sector público, lo que deja al 60% en la informalidad.

El autor es presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia