Inversión pública: tamaño no es documento

La inversión y gasto público constituyen pilares fundamentales del modelo económico que sigue el Gobierno. Son la cara más visible de la intervención del Estado en la economía. En el año 2005, la inversión pública (infraestructura, sectores productivo y social) era de 629 millones de dólares y en 2018 será superior a los 6.000 millones de verdes. Es decir, un incremento de 854%. Bolivia registra la tasa más elevada (17%) de inversión pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina. Cabe recordar que el PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional en un año.

El gasto corriente (salarios, compra de bienes y servicios y transferencias) es aproximadamente el 25% del PIB, cerca a 9.000 millones de dólares. Esta variable también aumentó mucho respecto a 2005, 453%.

A partir del año 2015 se produjo una reducción significativa de los ingresos de exportaciones debido a la caída de los precios de las principales materias primas. En efecto, en este año las ventas externas cayeron en 32%, de 13.027 a 8.908 millones de dólares, respecto al año 2014. Para contrarrestar el choque negativo de ingresos, el Gobierno impulsó con mayor fuerza la demanda doméstica incrementando la inversión y los gastos públicos.

En esta oportunidad nos concentramos en analizar si el tamaño de la inversión y gasto público son suficientes para dar sostenibilidad, y la calidad del crecimiento económico de los últimos años. Nos enfocaremos en dos temas: 1) la calidad y eficiencia del gasto público, y 2) la efectividad de la inversión pública sobre la tasa de crecimiento del producto.

Según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado: Mejor Gasto para Mejores Vidas, Como América Latina y el Caribe Pueden Hacer Más Con Menos, la ineficiencia técnica del gasto público, en Bolivia sería de 6,4% del PIB, el tercero más alto de la región, después de Argentina y El Salvador, siendo que el promedio para América Latina y el Caribe es de 4,4% del PIB.

La ineficiencia técnica se la mide como el malgasto en compras públicas (en gran parte corrupción), el despilfarro en remuneraciones a empleados del sector público (vulgo burocracia) y filtraciones en gastos focalizados, por ejemplo subsidios de energía a quienes no necesitan o programas sociales que benefician a no pobres.

Quiere decir que en Bolivia despilfarramos el 6,4% del PIB (2.240 millones de dólares por año) porque el Estado hace mal su trabajo y mantenemos burocracias ineficientes y a veces corruptas. Si los gastos públicos fuesen mejor planificados e implementados con calidad, prácticamente desaparecería el déficit público, que en 2018 llegará a 7% del PIB.

Así mismo, un gasto público de mayor calidad y más inteligente aumentaría la productividad del sector público, haciendo innecesaria la tradicional política de cortes con que se enfrentan los déficits públicos. Como diría James J. Heckman, Premio Nobel de Economía: “La responsabilidad fiscal no consiste sencillamente en reducir el gasto. La responsabilidad fiscal consiste en estudiar los costos y retornos e invertir los recursos donde los retornos sean más altos y con el menor riesgo”. Es decir, es un tema de la calidad y precisión del gasto público, es decir, de Estado eficiente.

Veamos ahora la efectividad de la inversión pública desde la perspectiva de la sostenibilidad del crecimiento del producto. Desde 2013, la economía boliviana está desacelerada, crece cada vez menos. Este año alcanzamos la cima de crecimiento económico, 6,8%. En 2014 crecimos sólo al 5,5%, un año después, 2015, llegamos a 4,9%. El año 2016 continuó el frenazo, el producto se redujo a 4,3% y, finalmente, en 2017 llegamos a 4,2%.

Este año, que inició su segundo semestre, el Gobierno asegura que se producirá una inflexión y creceremos por encima de 4,5%, pero hay serias dudas sobre la consistencia y precisión de este dato.

Ahora bien, la ralentización del carro de la economía se produce cuando más gasolina de inversión pública le pone el Gobierno. Como visto en el anterior párrafo, la tasa de crecimiento del PIB en Bolivia es cada vez más baja en cuanto el aumento de la inversión es más alto. Quiere decir que para crecer al 6,8% en 2013, la inversión pública contribuyó con 3.781 millones de dólares; en cuanto para crecer tan sólo a 4,2 % en 2017 se requirió más de 6.000 millones de verdes. Cada dólar invertido, por la inversión pública tiene menor impacto sobre el crecimiento de la economía. La explicación de este fenómeno tiene que ver con la baja rentabilidad y efectividad de la inversión estatal, la poca productividad del sector público y los límites de la demanda interna.

Como se puede concluir, el tamaño del gasto y la inversión no es documento de fortaleza y sostenibilidad; más bien muestra ineficiencia y mal gasto. Tan sólo algunos ejemplos: coliseos donde sólo juegan los ratones, aeropuertos donde llegan pocos aviones, museos sin visitantes, edificios para cobijar burócratas, plantas petroquímicas sin gas ni mercados y un largo etcétera.

El autor es economista.