Cárceles, ¿para qué?

En las dos últimas décadas, voces desde la sociedad boliviana han reclamado la tipificación de más conductas como delitos, el agravamiento de las sanciones y la conversión de la detención preventiva, concebida como excepción por el Derecho, en la regla. Una mirada a las leyes “a vuelo de pájaro” lo confirma. El Código Penal con sucesivos añadidos desde los “bis” hasta los “dieciseister” y la proliferación de leyes no penales constitutivas de delitos, que vulneran principios jurídicos universales, son las evidencias y también el hacinamiento carcelario que llega al tercer lugar más alto de América Latina y el Caribe, según lo refiere Veronika Smink en la nota “Los 6 países de América Latina y el Caribe donde la cantidad de presos duplica, triplica y hasta cuadriplica la capacidad de las cárceles” de BBC NEWS MUNDO de 8 de octubre de 2021, con 17.305 personas recluidas en los 48 recintos penitenciarios del país, 21 cárceles y 27 carceletas, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población penal hasta 2020.

En resumen, se ha optado por el derecho penal autoritario como la vía hacia dos destinos: la prevención de la criminalidad, a través del escarmiento y del miedo, y la venganza contra el 70% de supuestos culpables no vencidos en debido proceso y el 30% de culpables con sentencia, en franca contravención de los fines de la pena declarados en el Art. 25 del Código Penal, la enmienda y la readaptación social del delincuente; todo alentado vigorosamente por el régimen de Gobierno extendido desde 2006 con un breve intervalo de un año y tres meses entre 2019 y 2020. 

¿Cuál es la efectividad de esta vía? Veamos. Con respecto a la prevención de los delitos, ninguna. Los datos publicados por el INE, calificados como parciales y preliminares, basados en fuentes policiales, muestran en los últimos cinco años en torno a 42 mil denuncias por año con respecto de delitos comunes, excluyendo los de narcotráfico que han sido asignados a exclusiva tuición del Ministerio de Gobierno por razones no justificadas, y no son siquiera disponibles. Por otra parte, la Agencia de Noticias Fides (ANF) publicó en la red Internet el 30 de mayo de 2022, en una nota -curiosamente contradictoria-, que, según el comandante general de la Policía, la reincidencia llega a 70%. Es decir, que siete de cada diez personas detenidas y procesadas por delitos reinciden en un tiempo menor de cinco años de su puesta en libertad. Añade la ANF que “Juan Carlos Limpias, director de la administración carcelaria, dijo que ‘todavía no hay un dato oficial, se está trabajando manualmente y lo daremos a conocer con el Ministerio de Gobierno, próximamente’”, declaración demostrativa de las severas deficiencias de información oficial en la materia, base de una sospecha de que la reincidencia podría ser mayor.

En cuanto a la venganza, es más efectiva, sin duda, como lo revela la abundante información disponible, incluyendo los testimonios de personas recluidas, hoy mismo o en el pasado. Las cárceles son un submundo de sufrimientos para muchos reclusos, esos considerados en general “los malos”, así no hayan sido vencidos en debido proceso sino sólo detenidos preventivamente, siendo por tanto inocentes a los ojos del Derecho y, seguro, algunos inocentes en verdad; incluso quienes están allí no por sospecha de haber cometido delito, sino por adeudos familiares y laborales impagos por falta de dinero. Sí, sufren desde el comienzo hasta el final, salvo que puedan pagar por un rincón para su camastro, evitarse vejaciones, comer y respirar con algún sosiego de vez en cuando, el ingreso de algún allegado un día de esos. Sufren por la violencia reinante allí dentro, por el crimen organizado funcionando y por el poder económico de origen oscuro que asfixia la esperanza en la justicia. Peor aún, en contra de la esencia personalísima de la pena que debería recaer exclusivamente en quien es condenado por haberse probado plenamente que cometió un delito, se extiende sobre todo el núcleo familiar del recluso, que se ve privado de una parte del sustento indispensable para subsistir y, en muchos casos, de la presencia afectuosa del recluso que a la condena del encierro sufre la privación del trabajo. 

Lo terrible es que los peores criminales, los profesionales y avezados, no sufren adentro. Están en “su salsa”, haciendo lo que saben y les gusta hacer, émulos de los dueños del poder público oficial, dictando sus normas y haciéndolas cumplir con violencia, hasta a los uniformados. Entran y salen de las cárceles como Juan de su casa, se dan los placeres que desean y acumulan millones de bolivianos, cometen delitos y cuentan con resguardo policial. 

Sobre estos antecedentes, queda claro para qué sirven las cárceles. No es para prevenir la delincuencia ni enmendar y readaptar a los delincuentes, sino para el enriquecimiento descomunal de los peores. Hay que frenar en seco y buscar las causas de la criminalidad para apuntar correctamente poniendo fin a este sinsentido, a esta falta de humanidad.