Congelar las contrataciones estatales
Una de las nuevas medidas anunciadas por la flamante ministra de Economía de Argentina, Silvina Batakis, podría ser de interés para su emulación en Bolivia.
Por supuesto, la funcionaria se hizo conocer rápidamente tras su designación por una serie de frases poco felices, como aquella en la que afirmaba que “el derecho de viajar al exterior colisiona con la creación de fuentes de trabajo” u otra donde dijo estar “cómoda con el tipo de cambio”.
Más allá de esto, Batakis acaba de anunciar un congelamiento en el ingreso de nuevo personal al Estado, en un país donde existen 3.300.000 empleados públicos, habiendo subido desde los 2.500.000 en los últimos 11 años, mayormente bajo administraciones kirchneristas.
La disposición apunta en lo inmediato a no seguir acrecentando la enorme planilla estatal y luego a una disminución gradual de la misma, a medida que se vayan produciendo bajas en el plantel del sector público.
Poco, realmente, teniendo en cuenta las dimensiones del desastre populista argentino, que requerirá para su contención y reversión de una cirugía mucho más drástica en el gasto. Pero traigo a colación la medida porque merecería ser instrumentada en nuestro país y, viniendo el ejemplo de un gobierno “aliado”, podría quizás llegar a ser considerada, algún día, por el oficialismo.
En Bolivia existen actualmente 527 mil empleados públicos, destinando el Presupuesto General del Estado 2022 nada menos que Bs 45.235 millones para el pago de sus salarios. Más de 6.600 millones de dólares. Este último presupuesto incluyó un incremento en el pago de sueldos con respecto a 2021, por un valor de Bs 2.030 millones (casi 300 millones de dólares).
Esta sangría para el Tesoro General de la Nación y para el bolsillo del contribuyente debe detenerse, al menos congelando los nuevos ingresos de personal para no continuar expandiendo el problema.
Además, una disposición de este tipo equivaldría a un “no más empresas públicas”, frenando la creación de esos auténticos “agujeros negros fiscales”, que además compiten deslealmente con la empresa privada, no sólo en el mercado sino también por la captación de recursos del sistema financiero, Banco Central mediante (crowding out).
Sé que las probabilidades de adopción de una medida tal son bajas en el corto plazo, pero tal vez la situación de las cuentas públicas termine haciéndola inevitable a mediano plazo. Se necesitará una NEP, aunque el presidente Arce intente postergarla para después de una hipotética reelección en 2025. Los tiempos de la economía pueden no dar para tanto.
Columnas de EMILIO MARTÍNEZ CARDONA
