La justicia que tenemos

El Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia es producido y gestionado desde, 2017, por organizaciones de la sociedad civil encabezadas por la Fundación Construir, en el marco de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, compuesta por entidades que trabajan con víctimas de violencia, delitos y crímenes, poblaciones carcelarias, juventud en conflicto con la ley, en litigio estratégico, defendiendo las leyes que garantizan protecciones de derechos humanos en el país, defendiendo sectores vulnerados en sus derechos y en otras dimensiones del proceso de administración de justicia.

El objetivo es acompañar y monitorear el proceso de administración de justicia y activar los canales existentes de participación ciudadana y control social en todas las instancias de la función pública. La ciudadanía tiene que tener una voz efectiva como sujeto y objetivo último de la administración de justicia. Si la justicia no es para la ciudadana y el ciudadano, ¿para quién es?

En su última versión, el Informe incluye un Índice de Percepciones Ciudadanas sobre la Justicia (IPCJ), una herramienta que, a partir de una encuesta de opinión pública, recoge las percepciones, actitudes y opiniones de la ciudadana y el ciudadano común sobre el desempeño, la calidad de la relación y el estado general del funcionamiento de la justicia en el país.

El IPCJ aporta un insumo adicional a la evaluación del estado de la justicia desde la mirada del sujeto del sistema. En última instancia es una herramienta inclusiva de la mirada de sectores de la sociedad civil que no acceden a canales de emisión de sus opiniones, pero son usuarios y titulares de la justicia como todos los demás. 

En una de las sesiones de presentación de este informe algunas personas del público expresaron que es “un error consultar a la ciudadanía su opinión sobre la justicia porque no saben cómo funciona”. Aparentemente consideran que “sólo los litigantes sabemos cómo funciona y somos los únicos que podemos opinar”. 

Esta declaración refleja exactamente una de las falacias centrales de la justicia que tenemos y un prejuicio que debe ser desinstalado: la justicia no es sólo asunto de abogados. Es una prepotencia y vulneración de nuestros derechos excluir a la ciudadanía de la conversación y evaluación de la justicia. Y que sean los litigantes los abanderados de esta postura es, como mínimo, un aplazo en la materia.

La justicia que tenemos es de litigantes, funcionarios, administrativas, fiscales, jueces, defensores, políticas y secretarios, hasta de activistas y analistas, pero no de las y los ciudadanos. Si nos quejamos como víctimas somos casos aislados; si hacemos aportes o críticas tenemos agendas políticas ocultas; ¿qué importan cientos de miles de firmas demandando reformas urgentes?; si opinamos sin ser usuarios nuestras opiniones son desechadas porque no entendemos cómo funciona el sistema; si denunciamos vulneraciones de derechos, si esperamos garantías para ellos, si exigimos protecciones para nuestras libertades y derechos somos agitadores e ilusas. 

A la justicia que tenemos le estorban los derechos ciudadanos tanto como las ciudadanas y los ciudadanos. El IPCJ deja claro que la justicia boliviana no cumple sus funciones básicas: más de la mitad de la población considera que las entidades del orden y la seguridad no respetan nuestros derechos humanos; la justicia no cumple con sus funciones de protección del derecho a la vida y la seguridad, ni los derechos del acusado y el debido proceso, ni con las garantías para la libertad de opinión y expresión, ni protege adecuadamente la privacidad, la libertad de asociación ni los derechos de grupos vulnerables en la sociedad.

Tenemos un pequeño recordatorio para la justicia: la Constitución y las leyes bolivianas determinan que las y los ciudadanos somos sujetos de derecho; el Estado y todas sus instancias son garantes de derechos. No hay donde perderse. En este marco, la ley establece protecciones y garantías para la ciudadanía y responsabilidades y obligaciones para el Estado, sus instituciones, sus funcionarios y sus operadores. Sin rebajas.

 

La autora, PhD, es socióloga, politóloga e investigadora senior asociada en Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública - Cochabamba