La urgencia de decisiones difíciles

Apenas han pasado los primeros 30 días del nuevo gobierno, y los datos que empezamos a conocer sobre la situación de la economía nos han hecho recordar de manera descarnada que la crisis multidimensional que atravesamos está lejos de solucionarse y que, al contrario, enfrenta nuevos problemas.

Recientemente, el presidente del Banco Central informó que nuestro país tiene reservas líquidas de 75 millones de dólares, lo que, según analistas, apenas alcanza para 10 días de importación de combustible.

Advirtió también que el déficit fiscal puede superar este año el 12,7% (7.000 millones de dólares), y sugirió que de no tomarse medidas de mitigación podríamos ingresar a una etapa de hiperinflación.

El propio presidente Paz alertó que el Estado necesita 16.000 millones de Bs. (que no tiene) para para cerrar la gestión; el INE anunció que al primer semestre nuestro PIB decreció en 2,40%, que las exportaciones de gas entre enero y octubre, alcanzaron apenas a 918 millones de dólares (470 millones menos que el año pasado), y que el déficit comercial hasta septiembre sumaba 551 millones.

Las malas noticias también vinieron del exterior. Fitch Ratings, hace una semana, ha informado que Bolivia aún mantiene la calificación ‘CCC-’ en la escala de deuda soberana, y ha concluido que nuestro país presenta un alto riesgo de default (mora en el pago de sus deudas) y severos desafíos para cumplir con los próximos vencimientos por el deterioro sostenido de la capacidad de pago.

También se conoció estos días que la Comisión Europea, en la última actualización de la “lista gris” del GAFI, decidió incluir por segunda vez a Bolivia en la nómina de países con “alto riesgo” de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

Con esta determinación, los bancos europeos aplicarán controles más rigurosos a cualquier operación con Bolivia, lo que puede generar altas comisiones transaccionales, retrasos y un aumento de requisitos regulatorios.

Además, la afectación de la reputación financiera del país puede desalentar inversiones y deteriorar la relación con bancos corresponsales para operaciones de comercio exterior.

También la Fundación Milenio ha publicado su informe 2025, en el que afirma que nuestra economía entró en franca recesión, y señala que la inflación acumulada a septiembre 2025 es de 18,3% y hasta fin de año podría alcanzar el 25%; el rubro alimentos (el más crítico) supera ya el 36,2%. Además, advierte que los depósitos en el sistema financiero están disminuyendo por las tasas reales negativas, y que la liquidez limitada restringe el crédito y profundiza la recesión.

Ese informe concluye que nos encontramos en un proceso de desactivación económica, donde sectores enteros operan por debajo de su capacidad. Las señales no solo apuntan a una recesión severa, sino a la erosión estructural de los pilares que sostienen la estabilidad macroeconómica, por lo que cualquier shock adicional puede precipitar una crisis mayor.

Frente a este escenario, las señales que el Gobierno está generando para enfrentar la situación son positivas pero insuficientes, y tendrán efectos solo a mediano plazo.

El crédito de CAF por 550 millones para respaldar el programa de reformas estructurales aún no se hizo efectivo, y las primeras cuotas de los préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa al final del anterior gobierno tampoco serán desembolsadas de inmediato.

La caída del tipo de cambio paralelo y la provisión normal de carburantes tienen efectos internos importantes, pero no generan los dólares que se necesitan.

Los anuncios de la supresión de cuatro impuestos, la eliminación de los aranceles para electrónicos, el levantamiento de las restricciones a las exportaciones, la apertura del mercado egipcio para la venta de carne y la aprobación de eventos biotecnológicos aún no se han formalizado, mientras que la exitosa producción de azúcar y de soya, y el incremento del 24% en la producción de minerales respecto de 2024, permitirán el ingreso de dólares, pero solo a mediano plazo.

Pese a los esfuerzos meritorios del nuevo Gobierno, el apoyo político y la esperanza genuina de una población, los datos muestran que los problemas son más graves de lo que imaginamos y que continúan profundizándose.

Y no se trata de una posición pesimista sino de constataciones que se expresan en las cifras y se perciben en la cotidianidad.

La crisis está avanzando por simple movimiento inercial, porque es estructural y porque enfrentamos desequilibrios profundos que pueden desbordarse en cualquier momento si no se aplican medidas urgentes, sostenibles y técnicamente sólidas.

El riesgo es demasiado alto y Bolivia no puede sumar una crisis social a esta circunstancia, porque sus costos serían irreparables. Para evitarla, necesitamos decisiones difíciles, valientes y efectivas, que frenen la caída y sienten las bases de la reconstrucción.

El desafío es enorme, pero postergarlo solo hará que lo inevitable llegue con mayor fuerza. El tiempo de actuar es ahora.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia