Tras 10 días de marcha, campesinos de Pando reciben apoyo de occidente
La marcha de campesinos de Pando rumbo a La Paz en rechazo a la Ley 1720 cumple este viernes su décimo día de movilización.
Pese a que un sector de los marchistas ya negoció con el Gobierno y suspendió la marcha, el otro continúa la movilización.
Según reporte de La Razón, al menos seis personas dejaron la marcha en este grupo, pero por cansancio y fatiga tras varios días de recorrido.
Los afectados recibieron atención en un centro de salud y tres de ellos se encuentran estables.
En tanto, entre mañana y el domingo, organizaciones campesinas de Potosí e interculturales de La Paz sostendrán reuniones para dar su respaldo a la marcha campesina que salió desde Pando.
Objetivo
El dirigente campesino de Pando, Faifer Cuajera, informó que el objetivo es llegar a la sede de Gobierno para ser escuchados. “El Gobierno no ha respondido a las peticiones. El presidente debe venir a dialogar”.
La columna de movilizados se aproxima al municipio de Santa Ana de Yucuma en el departamento del Beni, mientras mantiene su exigencia de instalar una mesa de diálogo.
Los dirigentes reiteraron que cualquier acercamiento dependerá de la presencia del presidente Rodrigo Paz, condición que sostienen desde el inicio de la movilización.
La Ley 1720 de reconversión productiva, que permite convertir pequeñas propiedades agrícolas en medianas de forma voluntaria para acceder a créditos.
Desde occidente
Por su parte, los campesinos de la provincia Chayanta de Potosí, e interculturales del departamento de La Paz se organizan para sumarse a la marcha pandina.
Consideran que la Ley 1720 atenta contra sus tierras que, según la Constitución Política del Estado, son inembargables.
Los campesinos e interculturales dicen que con esta ley, que fue promulgada por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, lo que se pretende es despojarles de sus tierras, que son familiares, al permitir el acceso a créditos bancarios, con el riesgo de un embargo en caso de que incumplan con el pago de los mismos.
Según los dirigentes, con esta ley las pequeñas propiedades pierdan la función económica social, al ser utilizadas como garantía hipotecaria, al permitir que puedan acceder a créditos del sistema financiero.
