Nicaragua: la formalización del totalitarismo

Las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asegurando que “nunca jamás volverá a haber elecciones” en ese país, para “evitar que los yanquis pongan un candidato”, representan el desenmascaramiento final y la formalización de su dictadura, que ya puede ser calificada como totalitaria.

Esto, teniendo en cuenta que el de Nicaragua es prácticamente un régimen de partido único, con el 85% de las bancas de la Asamblea Nacional controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como el 100% de las alcaldías.

Resultados logrados, en gran medida, en comicios arbitrarios, desarrollados en el clima de brutal represión desatada y sostenida desde 2018, cuando el orteguismo enfrentó masivas protestas estudiantiles, con más de 300 muertos a raíz de la violencia estatal.

Junto con el control político, vino la liquidación de los espacios autónomos de la sociedad civil, mediante la disolución o cancelación de 5.600 organizaciones no gubernamentales, desde fundaciones culturales hasta asociaciones de prensa, pasando por observatorios de derechos humanos, grupos ambientalistas, religiosos, de investigación científica y un largo etcétera, que abarca casi cualquier ámbito de actividad ciudadana.

Esta política ha llevado a un “apagón informativo”, provocando que Nicaragua se quede sin diarios impresos. Todos los medios críticos fueron clausurados y confiscados por el régimen, que obligó al exilio a más de 250 periodistas independientes.

La Iglesia católica ha sido objeto de intensa persecución: al menos 260 sacerdotes y monjas han sido desterrados, en represalia por apoyar las protestas sociales. En los últimos años, la represión también alcanzó a los pastores evangélicos y a los pueblos indígenas.

Mientras tanto, prosigue la persecución contra los escritores críticos hacia el régimen dictatorial, muchos de los cuales se han visto forzados al exilio, siendo “desnacionalizados” por la dictadura, lo que implica el retiro de su nacionalidad y la confiscación de sus bienes.

 Es el caso, entre otros, del escritor Sergio Ramírez, Premio Cervantes y quien fuera vicepresidente bajo el primer sandinismo, en la década de los '80.

El año pasado, la diarquía de Daniel Ortega y su esposa, la copresidente Rosario Murillo, anunció la salida oficial del país de la Unesco, luego de que esa agencia de Naciones Unidas galardonara al diario opositor La Prensa, que funciona desde Costa Rica. Anteriormente, Nicaragua ya se había retirado de la FAO, la OIT, la OIM y el Consejo de Derechos Humanos.

Junto con este aislamiento en ámbitos multilaterales, se ha dado un alineamiento o subordinación total con las políticas de Rusia y China, a pesar de que el principal motor de su economía está conformado por las remesas que envían los nicaragüenses radicados en Estados Unidos, alrededor de 6.000 millones de dólares anuales.

En momentos en que la dictadura venezolana ha quedado acéfala (aunque no desmontada) y la cubana se apresta a reformas económicas, Nicaragua parece endurecerse. La comunidad internacional debería buscar los mecanismos de presión necesarios para una evolución democrática.

El autor es escritor y analista político