Representantes de JOCA analizan acciones legales contra Zapata
Declaraciones “falsas, injuriosas y calumniosas”, fueron los adjetivos que utilizaron los representantes de la empresa española JOCA para rechazar las acusaciones la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata sobre el proyecto del tren metropolitano.
En pasados días, Zapata cuestionó el desplazamiento de JOCA a la empresa Hyundai Rotem de Corea, que inicialmente debía encargarse de la obra. También señaló un presunto tráfico de influencias en este caso. “¿Por qué le han hecho regalar al Presidente en papeles ese tren, por qué de la noche a la mañana la empresa JOCA se adjudica?”, declaró la expareja del Jefe de Estado.
Al respecto, el gerente del proyecto Domingo García, indicó que analizan la posibilidad de asumir acciones judiciales en contra de Zapata, bajo los cargos de injuria y difamación. Asimismo reiteró que JOCA se adjudicó “lícitamente” la obra y que no hubo ningún tráfico de influencias.
“Nos sentimos totalmente calumniados, no compartimos en absoluto esas declaraciones y nos sentimos indignados (…) Estoy seguro que nadie de mi empresa tuvo contacto con esta mujer, sólo la conocemos por los medios de comunicación (…) no entendemos por qué se ha dirigido de esa forma hacia nosotros”, expresó García.
La implementación del Tren Eléctrico Metropolitano de Cochabamba demanda una inversión de 504 millones de dólares y está adjudicado por excepción a la empresa española JOCA.
Demora en el financiamiento
Con respeto a la demora en el financiamiento por parte del Estado, los representantes de JOCA aseguraron que ya existe una propuesta y que todo “está en manos” del Ministerio de Economía.
“Estamos a la espera de que el ministerio nos haga conocer la aprobación de nuestro financiamiento (…) El Gobierno nos indica que se está haciendo una revisión. Nosotros queremos iniciar lo más antes posible el tema de las obras pero estamos a la espera de una respuesta”, informó Waldo Viscarra, representante de JOCA.
Por su parte, Gonzalo Maldonado, representante de la Asociación de Ingenieros Eméritos (Asieme), aseguró que el retraso se debe a la “falta de un ordenamiento” para llevar adelante un proyecto de esta magnitud.
“En los meses que han transcurrido hasta la fecha, desde diciembre, eran suficientes 60 días para determinar si las condiciones de crédito que traía JOCA son convenientes para los intereses del país y están dentro del marco legal de lo que es inversión pública para Bolivia”, añadió Maldonado.
