Tráfico de influencias: ¿mareando a la perdiz?

La Convención de la ONU contra la corrupción establece que el delito de Tráfico de Influencia (TI) consistiría en “La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido” consiste en el abuso de su influencia como autoridad que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona”. Según el tribuno español Manuel-Jesús Dolz Lago, el TI es uno “de los delitos mejor concebidos para atajar la corrupción política, por su naturaleza ataca directamente el “caldo de cultivo” de la corrupción, pudiendo considerarse un delito “madre” de los delitos de corrupción. Por esa misma razón no extraña la resistencia a aplicarla y la escasa jurisprudencia acumulada de este delito en la jurisprudencia española. 

Recupero estas consideraciones sobre el delito de TI por su pertinencia. No solo porque el presidente Evo Morales dijo desconocer el concepto, sino porque todos parecen eludir su referencia a la hora de investigar el bullado caso Zapata- Morales- Camce. Me refiero a Gabriela Zapata,  excompañera sentimental del Presidente, precoz y glamorosa exejecutiva de la polémica empresa china.

Serán dos semanas desde que Gabriela y su amiga, Cristina Choque, correligionaria, exconstituyente del MAS y por años jefe de la unidad de gestión social del Ministerio de la Presidencia (incluido un chofer) están detenidas preventivamente bajo cargos de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad en dos recintos diferentes de La Paz. Todo indica que las separan para impedir confabulen juntas atizando las pasiones del culebrón que nos ocupa.

Ahora bien, ¿están todos los que tienen que estar detrás de las rejas “preventivas”? Pocos se tragan el argumento de que dos mujeres treintañeras fervientes militantes del proceso de cambio y por corruptas que sean constituyan el eslabón primordial de la trama que terminó engatusando y abusando de la buena “fe” de los  jerarcas del Estado Plurinacional.

No es casual que dada la gravedad de la denuncia y los indicios presentados, el caso se investigue tanto por el Ministerio Público e instancias jurisdiccionales, como por una comisión legislativa multipartidaria para aclarar la “verdad histórica” de lo acontecido. Sin embargo, a juzgar por sus primeras actuaciones, la investigación parece extraviarse al desviar su atención hacia aspectos colaterales, no  por ello menos importantes, como el cumplimiento de los contratos y el logro de objetivos y resultados de los proyectos encomendados que bien podrían calzar en otros tipos de delitos de corrupción de confirmarse su incumplimiento. ¿Por qué  no indagar primero los procedimientos y criterios aplicados antes y durante los procesos de contratación y, a partir de ello, reconstruir y analizar la cadena de decisiones, acciones y relaciones entabladas en esas circunstancias por los  distintos actores  institucionales y empresariales comprometidos en esas millonarias adjudicaciones? ¿Cómo se justificaba y administraba el manejo ostensible del dinero supuestamente mal habido en el circuito comercial y financiero?

La “verdad histórica” pareciera tejerse en dos dimensiones narrativas. Por un lado, la “historia oficial” que diluye el tratamiento al supuesto TI y anticipa argumentos que subestiman la inteligencia de una ciudadanía desconfiada con el poder. Y por otro, aquella “historia oculta”, que florece ante la falta de transparencia, la crisis de la justicia y el desprestigio de la política, esa inclemente que anticipa y señala culpables y se teje a la sombra de la consabida “limpieza de pruebas”, de “ verdades que son secreto a voces” atizadas por la especulación, el morbo, el machismo y la confrontación política. Parafraseando al vicepresidente, en este caso la “verdad oficial es la realidad aparente”.  No necesariamente será concordante con las percepciones y “verdades  legitimadas  en el imaginario de la gente”.

La autora es psicóloga, cientista política y exparlamentaria.