Diplomacia popular

Los bolivianos nos enteramos que el Gobierno había entregado algunos bienes y recursos estatales a los mineros cooperativistas, y esto salió a la luz pública después de los enfrentamientos que se dieron en la localidad de Panduro que acabó con mineros muertos, el rapto y asesinato del ciudadano Rodolfo Illanes, quien ejercía las funciones de autoridad en el Ministerio de Gobierno. Eso quedó ahí, como algo anecdótico.

También hemos sido sorprendidos con la noticia que dirigentes sindicales viajaron con pasajes y viáticos a la Cumbre de los Pueblos que se celebró en Panamá el año 2015. Para tal efecto se desembolsó 500.000 bolivianos que se repartió entre 68 dirigentes. 

El monto podrá ser no significativo para este Estado Plurinacional, pero se torna preocupante si a cada uno de los eventos a los que asiste la institucionalidad boliviana van los dirigentes sociales, máxime si se conoce que las reservas internacionales caen con un acumulado del 11 por ciento hasta junio de este año. 

Nuestro ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, ha justificado esos viajes y los que vendrán; en el marco de la llamada “Diplomacia de los Pueblos”. Para ello citó el Presupuesto General de la Nación, además de disposiciones procedimentales que permiten la rendición de cuentas de los beneficiarios. Pero y lo ético, lo moral, dónde queda.

El Estado boliviano está representado por los funcionarios públicos, y son estos los únicos con la capacidad jurídica de asumir compromisos, de fijar la posición oficial de un Gobierno, y no así representantes de organizaciones corporativas que sin duda alguna tienen intereses particulares, caso el de los mineros, que atentan contra los generales de la República.

El Gobierno debe acabar con esa práctica, pues poco o nada aporta al bienestar de los bolivianos ni al desarrollo del Estado en ninguno de sus niveles. Además, para ello se debe considerar que no existe nada que garantice la pluralidad ideológica en la selección de los integrantes de las numerosas comitivas. Si es participativa de verdad la actual democracia, deberían ir los representantes de todos los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, como los que estuvieron involucrados en Chaparina, por ejemplo.

La “Diplomacia de los Pueblos” no puede ser una forma solapada de dar premios a los afines, de llevarlos para que defiendan una visión de lo que se hace en casa. Tampoco se los puede usar como una avanzada para recibir aplausos o justificar discursos que no condicen con la práctica diaria.

Si se quiere dar protagonismo a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, se lo debe hacer con políticas internas que le permitan superar sus deficiencias y —sobre todo— con medidas que los liberen de la obsecuencia debida. Mientras más libres pensadores haya, mejor será la democracia participativa y con ello se potenciará el surgimiento de nuevos líderes que superarán las contradicciones generadas en el proceso de cambio, que no se puede limitar al cambio de personas para seguir en la vieja lógica del usufructo del poder.

¿Son los dirigentes populares protagonistas en la definición de las políticas internas o externas? Al parecer no, pues hay diferentes señales que el corporativismo está en proceso de agotamiento. Y esto se notará más en la medida que los recursos estatales no fluyan con la rapidez que exija una clase social acostumbrada a lo fácil y sin responsabilidad alguna.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debería preocuparse por abrir canales de comunicación para que nuestras empresas, privadas, estatales y comunitarias, vendan fuera, y eso será complicado hacerlo con la actual dinámica.

El autor es  periodista,