Infortunio sansimoniano por la titularización
El poder corporativo estamental sigue obcecado en la titularización de los docentes, ya sea por vía política o por aplicación de la norma a rajatabla. Es hora de superar tal obcecación: 1) absteniéndose de “titularizar a toda costa”, proponiendo figuras animadas por intereses corporativos, al margen de la norma como la homologación o el “proceso abreviado” y que, inevitablemente, darán lugar a un manejo prebendado, inequitativo e injusto de las mismas; 2) denunciando con sensatez las falacias sostenidas por los sindicatos docente, estudiantil y por las autoridades de turno (v.g. la “titularización como derecho y deuda histórica”; la “titularidad como condición sine qua non o única seña de reconocimiento de la calidad académica”), las que desencadenaron los conflictos de 2014 y 2015; 3) reconociendo que, en el marco de la normativa vigente, el “problema” de los docentes extraordinarios es, sobretodo, de discriminación de dos derechos universitarios básicos: el de “recibir beneficios que corresponden a su categoría” y el de poder ser “elegidos para cargo de autoridad”, y 4) admitiendo, finalmente, que el verdadero problema es de orden institucional y está referido a la excelencia académica de los docentes; pero, excelencia no solamente de los docentes (extraordinarios o titulares, exclusivos o parciales, de pregrado o postgrado), sino de todos aquellos universitarios que como investigadores, como profesionales administrativos, desarrollan actividades académicas bajo el concepto estatutario de “docente universitario”.
Ahora bien, aquí el concepto de titularidad hace aguas: - es de alcance limitado (sólo docencia y sólo pregrado); - es del orden de la admisión, no de la permanencia; - es parte de un proceso fácilmente manipulable en su convocatoria, alcance y desarrollo por las autoridades de turno y los gremios docente y estudiantil; además de ser altamente escolarizado, pedagogizado, donde la valoración de la calidad académica no se asienta sobre la exigencia del mayor grado académico como requisito; donde se equipara calidad académica a buen plan global de asignatura, buena dictación de micro clase, buen curriculum vitae con más méritos políticos, corporativos y administrativos valorizados en desmedro de los intelectuales y académicos. Y lo más grave: la titularidad no conlleva la “dedicación plena” a los procesos académicos (investigación, enseñanza, interacción social); convirtiéndose, nominalmente, en un requisito de figuración en el fantasmagórico escalafón docente. De yapa, para un 82,5 por ciento de la opinión pública es incongruente “que un docente se convierta en docente titular inmediatamente después de su examen de competencia”. Por tanto, la cuestión de la titularidad docente sólo puede ser sensata y adecuadamente planteada y resuelta de manera pertinente por un congreso institucional.
Sin embargo, en este periodo precongresal, cabe encarar y resolver, con responsabilidad intelectual y ética, la mencionada verdadera cuestión institucional: reconfigurando, recuperando el ethos universitario orientado exclusivamente por fines universitarios. Esto se traducirá en: - el inicio inmediato de la carrera universitaria (verdadera deuda histórica de la institución) para todos los docentes, independientemente de su actual condición de titular, extraordinario, investigador o profesional administrativo, luego de un proceso de valoración que permita su correspondiente categorización, universalizando así el escalafón docente. La responsabilidad del proceso de valoración y categorización recaerá en consejos de carrera y facultativos ampliados; - la consecuente aplicación del capítulo VII del reglamento general de la docencia, referido a la evaluación periódica y continua de todos los docentes; - el diseño y propuesta de un nuevo régimen docente en vistas al III congreso; - y lo último no menos importante: aumento significativo del número de docentes a dedicación exclusiva, luego de un proceso de evaluación de proyectos de docencia, investigación e interacción social. Aumento que acompañe, por una parte, la implementación de las medias jornadas de clase para los estudiantes y, por otra, posibilite la participación legal y legítima de los extraordinarios en el III congreso.
Sólo así podremos revertir la degradada imagen de la UMSS que la opinión pública refleja cuando sostiene que el principal problema de la universidad es la politiquería; que el silencio de la universidad en relación a las problemáticas centrales de la región, se explica porque los “intereses políticos son más fuertes que los académicos”; y, que considera que el aporte de los profesionales formados en la universidad pública a la solución de los problemas y desafíos que enfrenta nuestro país, es del orden de “algo y poco”.
El autor es investigador de la UMSS.
