El certificado de Diprove

Es una verdad hiriente que la población ya no confía en los servicios de seguridad que ofrece la Policía Boliviana, tampoco en las intromisiones que se han materializado en la vida cotidiana de los ciudadanos; a tal grado que cualquier persona, con una mediana percepción honesta de la realidad, teme ingresar a cualquier oficina que esté gestionada por policías. Es que las formalidades confiscatorias que artificialmente se han creado en esta instancia, solo han servido para consolidar una red organizada que cobra dineros y contribuciones, cuyo destino es incierto y secreto.

Por fin los ciudadanos están consolidando la incredulidad de que la Policía Boliviana sea de alguna utilidad en sus vidas. No olvidemos que la función primordial de este organismo es la defensa de la sociedad y la conservación del orden público; y en ninguna parte de la Constitución se le ha atribuido la facultad para intervenir en los negocios y las vidas privadas de los ciudadanos. Esta afirmación deviene de la carga innecesaria y artificial de trámites de estricto orden civil en las dependencias policiales. Es el caso del visado de contratos de venta de vehículos, celebrados entre particulares, que tienen que pasar por dos oficinas policiales (Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, Diprove y la Dirección de Tránsito) antes de perfeccionarse en los registros públicos municipales.

El miedo atávico a realizar estos trámites policiales ha distorsionado totalmente el cumplimiento de las formalidades administrativas, provocando que muchos propietarios y compradores de vehículos no completen el registro de sus contratos, y recurran a artificios ilegales e informales como el otorgamiento de poderes o la firma de minutas en blanco para transferir algún motorizado. El requisito para validar un contrato civil a través de la Policía y la exigencia ficticia de un certificado negativo de vehículo robado violentan el principio de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano. Ahora, más que nunca, hay que cuestionar la creencia policiaca de que todo vehículo se presume robado; y que el certificado de Diprove simplemente salva de cualquier sospecha al propietario legal del vehículo; peor y más insólito, si el famoso certificado es de utilidad pública para prevenir el robo de vehículos (¿?).

Debe quedar claro que la intervención de la Policía en la celebración de contratos de estricto orden civil no sólo afecta la libertad de contratación y el desarrollo óptimo de las negociaciones entre civiles, sino que estas formalidades abusivas también interfieren nocivamente en las actividades administrativas de los municipios, convirtiéndose en una especie de tutelaje, supervisión o control fuera de los marcos constitucionales.

Lo que corresponde, ahora, es que la ciudadanía y sus representantes comiencen a controvertir de manera responsable e irreversible estas funciones policíacas que están al margen de la ley; y hacer todos los esfuerzos para aislar y confinar definitivamente a la Policía Boliviana en sus verdaderas funciones constitucionales. Una experiencia exitosa en beneficio de la sociedad civil fue la recuperación del registro de la identificación personal de los individuos, que estaba en posesión de la Policía.

Es hora de sincerarse: el certificado de Diprove al ciudadano no le sirve para nada, sí le sirve al policía que cobra su valor en dinero. Sería por demás saludable que el gobierno central regule y simplifique los requisitos formales de cualquier gestión administrativa, para aminorar ese maldito tormento que implica tramitar.

El autor es abogado