Pequeñas anécdotas sobre las instituciones
La reciente decisión del Tribunal Supremo Electoral de habilitar a Morales y García para participar como candidatos en las elecciones del próximo año molesta a muchos en el país, pero sorprende a muy pocos. La decisión molesta porque contradice lo dispuesto en la Constitución, y principalmente porque contraviene la voluntad popular expresada en los resultados de un referéndum administrado por el mismo Órgano Electoral, en el cual la propuesta de reforma que permitiría a los gobernantes optar por una cuarta elección consecutiva fue rechazada por la mayoría de la población. El malestar que genera esta decisión es proporcional a la seriedad con la que los bolivianos se toman las elecciones: datos de la encuesta del Foro Regional del mes de septiembre muestran que más del 70% de la población de las 3 principales áreas metropolitanas del país creía que el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 debería prevalecer en la habilitación de los candidatos. Pero la decisión sorprende a muy pocos porque es parte de un proceso más largo de manipulación de las instituciones que deberían evitar que el poder se concentre en un partido y en una persona. La habilitación es posible gracias a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en noviembre de 2017 decretó que la reelección indefinida es un derecho del presidente-candidato, y que por tanto la provisión constitucional que limita la reelección a una sola oportunidad no es aplicable. Esta curiosa interpretación asume que los mecanismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos están para defender al poderoso en su situación de poder, y no para lo que en realidad fueron creados. Si vemos un poco más allá, los magistrados del TCP responsables del fallo de 2017 fueron electos en elecciones populares fuertemente cuestionadas por la forma en que los candidatos fueron seleccionados por la Asamblea Legislativa controlada por el MAS. Tan cuestionadas fueron las elecciones que, en un resultado inédito, los votos de rechazo (nulos y blancos) superaron los votos válidos a favor de alguno de los candidatos (y de todos juntos). Esas son las credenciales del tribunal que, defendiendo los supuestos derechos políticos del presidente, anuló los resultados de una elección y la decisión mayoritaria de los bolivianos. La decisión irresponsable del TCP crea un conflicto de poderes y obliga al TSE a elegir entre dos disposiciones contradictorias: un fallo del más alto tribunal del país, vinculante por cierto, y otro, también vinculante, que resulta de la voluntad popular expresada en un referéndum que ellos mismos administraron. El TSE en diciembre de 2018 es una suerte de rehén de las circunstancias creadas por los acontecimientos anteriores. Si bien algunos esperaban una actitud heroica de parte de sus vocales, no sorprende a nadie que hayan optado por la salida más fácil frente a los otros poderes del estado. Las instituciones son fundamentales para el funcionamiento de una democracia y necesitan que los ciudadanos confíen en ellas y reconozcan su idoneidad y su autoridad. Las decisiones descritas aquí contribuyen directamente a su debilitamiento y a su pérdida de legitimidad, lo que tendrá consecuencias negativas para el futuro de la democracia en el país. Por eso tomo prestado el título del disco de Sui Generis para hablar, en serio, de lo que sucede con las instituciones de la democracia boliviana en la actualidad. El autor es sociólogo y doctor en ciencia política
El autor es sociólogo y doctor en ciencia política.
