Los incendios, fehaciente prueba de nuestro extravío
Los nueva ola de incendios que desde hace unos días se han ganado lugares destacados en la agenda informativa local y nacional son una una prueba incontrastable de los resultados que se pueden esperar de un Estado crecientemente burocratizado e insensible, que no asume como corresponde su fundamental función de servir a la comunidad.
Mientras se destinan importantes sumas de dinero a proyectos sin sustento técnico ni económico, se alega la falta de recursos para combatir los fuegos. Esos recursos de cuya escasez todos se quejan, son los mismos que sobreabundan para las más diversas formas de derroche.
Es verdad que en el caso de los incendios en Cochabamba, por ejemplo, se ha podido constatar cierta mejora. Probablemente, dada la experiencia acumulada, los más recientes brotes de fuego se han controlado con relativa eficiencia. Pero no porque algún nivel del Estado –central, departamental o municipal– haya hecho algo al respecto, sino por la labor de de entidades civiles y de voluntariado que han hecho del servicio a la comunidad su razón de ser.
Un buen ejemplo de lo dicho es la labor de del SAR, la buena voluntad de comunarios de las alturas del Parque Tunari y muchas plataformas ciudadanas que a través de las redes sociales lograron canalizar voluntades hacia un esfuerzo común.
Mientras tanto, las autoridades estatales, casi sin excepción, reincidieron en su ya consabida negligencia. Es el caso del gobernador de Cochabamba que con frases despectivas se desentendió del asunto dejando la responsabilidad en manos de la ciudadanía. Exactamente lo mismo hicieron los siete gobiernos municipales cuya jurisdicción abarca la ladera sur del Tunari.
A escala nacional, en este caso en las llanuras orientales, sus bosques amazónicos y sus tierras destinadas a la agroindustria, el panorama es muy similar.
Según los más recientes reportes, ya llegan a 500 mil las hectáreas de bosques devastadas por los fuegos en esa zona del país. Los municipios de San Ignacio de Velasco y Roboré son los más afectados, pero al parecer de eso no se han enterado sus autoridades. Y aunque el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por fin dijo algo al respecto, declarando al departamento que gobierna “en estado de emergencia” sigue sin indicar cómo eso se plasma en hechos concretos.
Queda claro que lo que hace falta es una muy firme voluntad política de concertación entre los tres niveles estatales para afrontar el problema. Y es eso justo lo que más brilla por su ausencia. La misma ausencia que se nota en los programas de gobierno presentados por las fórmulas contendientes en el proceso electoral en curso.
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