Bolivia, el día después (I)

Bolivia no será la misma después de la peste. Como no lo será el mundo. ¿Qué futuro construiremos los bolivianos? La pandemia ha revuelto de tal manera las cosas, que mucho de lo que teníamos pensado para la transición democrática se ha vuelto dudoso o elusivo.

Nos movemos en terreno desconocido, y son pocas las certezas. En un momento así, es provechoso indagar en la historia; buscar referencias para mirar entre la maleza tupida, y tal vez orientarnos en nuestro andar.

La referencia más próxima de una crisis multifacética y de una gran envergadura es la hiperinflación de la década de los 80, apenas iniciada la transición de la dictadura militar a la democracia.

Recuérdese que, en 1985, la escalada vertiginosa de la inflación llegó a 11.750% –todo un récord mundial en ese tiempo–, en tanto que la tasa de crecimiento negativo anual del PIB real evolucionó de -3,9% en 1982 a -4% en 1983, -2% en 1984 y -1,7% en 1985.

La economía colapsó, dejando una estela de empresas y negocios quebrados, desempleo masivo, pérdida de ahorros bancarios, desabastecimiento agudo, salarios e ingresos desvalorizados y, por supuesto, muchísima pobreza. Aquello fue una hecatombe social, por su virulencia y sus efectos devastadores para millones de bolivianos.

Pero cuando el país pudo emerger de ella, era una Bolivia distinta. La sociedad logró sobrevivir a la peste económica, y luego rehacerse en muchos aspectos. El remedio (el plan de estabilización del decreto 21060) fue duro, durísimo, pero a fin de cuentas efectivo. Tan traumatizados quedamos con el fenómeno de una inflación galopante (la mayor de nuestra historia económica), que aprendimos a valorar la importancia de una economía estable, con cuentas fiscales sanas y en equilibrio, aunque luego no siempre ha sido así.

La hiperinflación, combinada con el desplome del precio del estaño (entonces el principal producto de exportación, y virtualmente el sueldo de Bolivia), también fue un golpe letal para el capitalismo de Estado, el sistema económico legado por la revolución del 52. Pero, entonces, la realidad se impuso a la ideología y a las costumbres políticas. El pragmático Paz Estenssoro hizo lo que cabía hacer: redireccionar la economía, replegar al Estado, dar impulso a las fuerzas del mercado y la iniciativa privada.

Aquello fue indispensable para abatir el proceso inflacionario y restituir el orden económico y, sobre ese cimiento, volver a un período de crecimiento, que, al fin y al cabo, abonaría el terreno para la consolidación democrática.

El control de la inflación desencadenó otros cambios sustanciales en el desenvolvimiento productivo, económico, social y político. Y entonces aconteció lo que antes no fue posible: un compromiso de los actores políticos para crear un clima de estabilidad institucional y gobernabilidad. Sobre ese pacto se construyó un modelo político de acuerdos interpartidarios, compromisos legislativos y coaliciones de gobierno –la “democracia pactada”–. Un modelo con ganadores y perdedores (la izquierda política y sindical), pero que contuvo los males crónicos de la ingobernabilidad, la inestabilidad, el golpismo civil-militar. Tales fueron también los fundamentos para las reformas institucionales que abrieron el Estado y el sistema político a una sociedad más abigarrada y movilizada con nuevos derechos y libertades, entre estos la identidad étnico-cultural. El ascenso del MAS no se explica sin tales cambios.

La lección cardinal es que la sociedad fue capaz de resistir una catástrofe económica y social, sobreponerse y renovarse en cuestiones sustanciales; algunas han sobrevivido, otras se perdieron con el tiempo.

Bolivia ha cambiado mucho desde entonces. No obstante, la conmoción de la pandemia del Covid-19, sugiere algunos paralelismos, con la diferencia crucial de que esta es una crisis global, que abarca al mundo entero, aunque sus manifestaciones son heterogéneas según las regiones y los países.

Así, Bolivia soporta esta emergencia sanitaria con fragilidades propias que hacen de esta crisis algo potencialmente más corrosivo y quizá de efectos más duraderos. Entre estas fragilidades, además de las carencias del sistema de salubridad, está la extendida informalidad de su economía, la desprotección social de los trabajadores por cuenta propia, los altos niveles de pobreza y, por cierto, la debilidad del Estado para lidiar con situaciones muy demandantes como una epidemia.

Precisamente, la vulnerabilidad de amplios sectores de la población, ha impuesto al Gobierno la obligación de dar ayuda y asistencia social masivas, en un grado sin precedentes en nuestra historia. Ello, a pesar de que la crisis ha tomado al país con su economía menguante y debilitada, sobre todo por el desplome de las exportaciones de gas y de minerales.

La ironía es que el Gobierno de Jeanine Áñez debe, ahora, hacer frente a la emergencia abriendo mano de la chequera pública, en lugar de enfocarse en el déficit fiscal y comercial, la caída de reservas internacionales y otros desajustes macroeconómicos, heredados del régimen anterior, a fin de dar sostenibilidad a las cuentas públicas y resguardar la estabilidad y el crecimiento.

El autor es sociólogo