Discriminación oficialista
La historia del Parlamento de Bolivia, hoy designado como Asamblea Legislativa Plurinacional, está registrada en sus actas. En su archivo y biblioteca se encuentran las actas de las deliberaciones y, al revisarlas, se puede constatar que nunca antes en la historia del país se ha rechazado tantas propuestas de distinciones, y por motivos nimios.
Entre ellas está la distinción al sacerdote franciscano Eugenio Natalini Magnani, propuesta por una senadora de Comunidad Ciudadana, que fue rechazada por argumentos que no tenían pies ni cabeza. Los senadores masistas dijeron que no se podía distinguir a un miembro de la Iglesia católica porque ésta es crítica con el Gobierno. Más o menos así de descabellados fueron los argumentos con los cuales se rechazó las distinciones al artista Roberto Valcárcel, al filósofo H.C.F. Mansilla y a la Editorial Gisbert. Como en el caso de Natalini, hubo una protesta de la reducida oposición, pero fue vana.
Valcárcel, aún vivo, estaba enfermo de Covid-19, el Senado no se conmovió y simplemente ignoró los reclamos. Finalmente, el artista plástico falleció y se llevó consigo la ingratitud de un Senado que, aunque las actuaciones hayan sido personales, rechazó oficialmente una distinción más que merecida.
¿Cuáles fueron los argumentos? Lo que quedó nuevamente en claro es que la negativa tuvo que ver con el hecho de que ni Valcárcel ni Mansilla transitaron por los senderos de la política partidaria y, concretamente, de las corrientes que sustentan al MAS. A Mansilla incluso se le endilgó las consabidas acusaciones de “derechista”. Para la Editorial Gisbert, las cosas fueron aún más claras. Su relación con el expresidente Carlos Mesa bastó para negarle cualquier distinción.
Al ser un órgano eminentemente político, el Congreso actúa en función de intereses partidarios, pero nunca se había guiado por simples sospechas o apariencias. Si Valcárcel y Mansilla habrían tenido militancia opositora, quizás la negativa podría justificarse, pero no es el caso.
En realidad, esta conducta discriminatoria, reñida con la Ley 045, no es exclusiva del Senado; es de toda la administración estatal. No importa cuán competentes hayan sido los funcionarios que trabajaron con el anterior Gobierno, igual se los echó de sus cargos. Peor aún, no se contrata a nadie, por muy alto perfil profesional que tenga, si es que no forma parte del “proceso de cambio”. No sólo eso. El no ser militante no sólo descalifica, sino que es motivo para acusar de haber actuado en función opositora.
El verdadero móvil para estos rechazos u oposiciones es el odio, la venganza y el resentimiento hacia quienes son críticos con el oficialismo. Eso es una ignominia en una Asamblea Legislativa Plurinacional cuya vocación es representar a todos los bolivianos, sin discriminación.
