Represión

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), reunida en París, aprobó por mayoría (la Unión Soviética y Arabia Saudita se abstuvieron), la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (artículo 9°). Más aún: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” (artículo 11°).

Si se hubiese cumplido con las disposiciones de la ONU, no se habría apresado injusta e ilegalmente a la expresidente Jeanine Áñez ni a militares y civiles. Esto marca lo que fue corriente en el gobierno de Evo Morales y ahora en el régimen de Luis Arce Catacora.

Antes se apresó y se enjuició injustamente a un grupo de personas en Santa Cruz, acusadas de participar en un complot que no hubo. Luego, éstos recuperaron su libertad con el Gobierno interino de la presidente Jeanine Áñez. En el anterior régimen populista no tuvieron oportunidad para una adecuada defensa legal pese a que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa” (artículo 11° de la Declaración).

La nueva modalidad de las dictaduras en América Latina es llegar al poder mediante elecciones. Pronto se advirtió que no se aplican los principios de la mencionada Declaración de los Derechos Humanos ni de los pactos subsiguientes, ni de los otros instrumentos, como la Carta Democrática Interamericana. Ahora, el oficialismo pretende que se le reconozca su respeto a los derechos humanos, lo que no se cumple. Esa fue también la conducta de los primeros gobiernos del MAS: Todo vale para permanecer en el poder, especialmente para el “Jefazo” que intentó seguir gobernando a toda costa.

La falta de respeto a los derechos humanos también sucede en Cuba con el castrismo, en Venezuela primero con Chávez y ahora con Maduro, y en Nicaragua con Daniel Ortega que apresó a todos los candidatos presidenciales de la oposición.

Ecuador logró salir de la entente populista, y en Bolivia, con el fraude electoral se engañó usando un padrón de electores inflado que incluye a personas muertas y dobles inscripciones. También en Honduras, el entonces presidente Manuel Zelaya intentó aliarse con el populismo y fue derrocado. Y, luego de las elecciones de 2020 en Bolivia, con el mismo Padrón distorsionado, el populismo recuperó el poder, y ha resuelto que en la administración del Estado se destituya a los que no son masistas.

Es corriente, en los regímenes populistas, la persecución de ciudadanos, incluidos militares y policías. Esto muestra que se trata de una dictadura que persigue y encarcela a presuntos opositores, lo que les es posible –habrá que repetirlo– con una administración de Justicia y un Ministerio Público, alineados ahora con el partido en el poder.

El autor es exembajador de Bolivia