Movilización y consenso transversal por la reforma

“El paro cívico de Santa Cruz y las movilizaciones de la COB y las mujeres en La Paz, del 4 y 7 de marzo, demandando la reforma de la justicia, son dos expresiones convergentes de un clamor popular, cuya concreción ya no puede postergarse”.

Es lo que dijo el grupo de Juristas Independientes el pasado martes 8 de marzo, destacando la unanimidad y la transversalidad de la demanda nacional por la reforma judicial.

En efecto, desde oriente y occidente, desde los cívicos cruceños hasta la cúpula sindical del país, sin que pueda sospecharse acuerdo previo, han salido a las calles para expresar la indignación popular por esta justicia al revés que libera asesinos y persigue inocentes, exigiendo reforma inmediata.

“La COB, más allá de pedir que se cumplan las sentencias, estamos pidiendo la reforma a la justicia, un cambio total de los malos jueces, fiscales, que han ido corrompiendo la justicia”, declaró el lunes 7 en plena movilización Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la COB, mientras que Rómulo Calvo, el viernes 4, concluido el paro en Santa Cruz, anuncio que “se tomarán nuevas medidas hasta conseguir un sistema judicial justo, equitativo e independiente”.

La crisis terminal de la justicia ha pasado largamente la “polarización política” que vive el país, polaridad que nos segmenta, que enfrenta a oficialistas y opositores, pero que, sobre todo, paraliza al país, impidiendo acuerdos básicos sobre los problemas más urgentes y donde está la transformación integral de la justicia.

Esa convergencia nacional por la reforma judicial debe ser la impulsora de otros consensos y, sobre todo, de la identificación común de las causas más profundas de la crisis:

1. El sometimiento de los jueces, especialmente de su cúpula, al poder político, que ha destrozado el principio de independencia judicial, al tiempo que ha agudizado la carencia de idoneidad personal y profesional de la gran mayoría de los jueces, que son designados no por sus capacidades personales y profesionales, sino por sus afinidades partidarias.

2. El mísero presupuesto asignado anualmente a la “justicia”, que no llega al 0.5 por ciento del presupuesto general, mientras que un solo ministerio, el de Gobierno, gasta el cuádruple, subordinando “financieramente” a la justicia, que hoy es un pésimo servicio público, sin jueces suficientes, mal pagados, hacinados en las ciudades, sin infraestructura ni medios de trabajo y entrampados en la rutina pleitómana de trámites, caldo de cultivo de la retardación y la corrupción.

3. Nuestra “justicia” es para pocos: la gran mayoría de la población, incluso en las ciudades, no tiene acceso a ella y, peor, es inalcanzable para los pueblos indígenas y la población rural y de áreas dispersas. Se trata de un mal servicio que además es discriminatorio.

Para enfrentar esas causas estructurales de la crisis, requerimos una reforma parcial de la Constitución que contenga al menos tres grandes decisiones estatales: 

Primero. Para lograr independencia e idoneidad, tiene que eliminarse la intervención política partidaria de la Asamblea Legislativa en la selección de los postulantes a jueces supremos, instituyendo en la CPE la Comisión Nacional de Postulaciones, de composición ciudadana, que califique sólo méritos e idoneidades, confeccione ternas cualificadas y cerradas, sobre las que por 2/3 el parlamento designe a los supremos y que esa designación sea sometida a referendo

Segundo. Para cualificar el servicio, debe inscribirse en la CPE un 3 por ciento como el presupuesto judicial anual, no negociable, junto a un nuevo Consejo de la Magistratura que administre gerencialmente esos recursos. 

Tercero. En la CPE debe revalorizarse la justicia indígena e incorporarse la justicia de paz, para que los pueblos originarios puedan resolver sus conflictos sin acudir a las ciudades y, en las ciudades, los vecinos no tengan que buscar jueces y fiscales para resolver sus controversias.

Esa reforma parcial no la esperemos ya ni del Estado ni del Gobierno. Tomémosla en nuestras manos, impulsando un referendo ciudadano que, para su concreción, requiere propuesta, mesas y libros con la adhesión de un millón y medio de bolivianos y la concurrencia mayoritaria a las urnas. Tampoco es un camino fácil, pero ya lo estamos recorriendo. Hay una propuesta base elaborada que debe ser perfeccionada y debemos lograr el mayor consenso con todos los sectores y regiones, transformando el repudio popular de hoy en una gran cruzada nacional por la justicia, para llegar a las urnas el segundo semestre de este año, momento en el que, de verdad, iniciaremos la transformación de la justicia, a corto, mediano y largo plazo.

El autor es político y abogado