K’ara K’ara, una historia de nunca acabar (II)

K’ara K’ara se encuentra en el cantón Itojta, provincia Cercado de Cochabamba, lugar donde viven muchas familias que fueron engañadas por “loteadores” para comprar un lote, cerca de la basura. 

Ese lugar fue una tierra muy rica en nutrientes, donde la actividad principal era la agricultura y la industria de la leche, así como la ganadería y la avicultura. Sin embargo, dicha situación cambió drásticamente, al haberles impuesto un botadero de basura ilegal, instalado prácticamente a 7 km del centro de la ciudad, cubriendo un espacio de 40 hectáreas, que fue establecido en 1987, a partir de una autorización verbal que dio la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) a la Alcaldía Municipal, ante la urgencia de almacenar y confinar los residuos sólidos urbanos generados por la ciudad de Cochabamba, firmándose un convenio institucional entre el Municipio de Cochabamba y la UMSS el 24 de febrero de 1993, consolidando de esa manera el lugar donde la urbe de Cochabamba bota la basura. 

El objetivo central del convenio fue el de precautelar las condiciones ambientales así como las de salubridad de la población y el manejo técnico-científico de los residuos sólidos, así como el de proporcionar estudios e investigaciones para capacitar recursos humanos en temas multidisciplinarios ligados al manejo de los residuos, para implementar tecnología de rellenos, elaboración del compost, generación y utilización de biogás y técnicas de reciclaje. 

Aprobada la Ley del Medio Ambiente y posteriormente su reglamento, las autoridades municipales han pasado por encima de dichas normas por cuanto carecen de licencia ambiental, al no haber presentado ningún estudio que pueda medir ni controlar los parámetros de contaminación, constituyéndose el botadero de K’ara K’ara en ilegal; además que los lixiviados que concentran elevados niveles de cloruro, sulfatos, bicarbonatos y metales pesados como cromo, arsénico, selenio, plata, cadmio y otros de alta toxicidad contaminan el río Tamborada y la quebrada Chaupiloma, las principales fuentes de escurrimiento en época de lluvia de los lixiviados de acuerdo al diagnóstico elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería en 1999 y que alerta la alta contaminación producida por el botadero, diagnóstico que fue ratificado por una auditoría de la Contraloría General del Estado realizada en 2001.

Lo que queda después de más de 10 años es que la Gobernación pida informes sobre la Acción Popular y el grado de cumplimiento, al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, de la Sentencia Constitucional Plurinacional del 13 de agosto de 2012, por el rol constitucional que le asignó la Sentencia Constitucional 1974/2011-R de fecha 7 de diciembre de 2011, bajo responsabilidad.