La condena de CFK
Ha causado un gran impacto regional la noticia, conocida ayer, sobre la condena de la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández viuda de Kirchner (CFK), a seis años de cárcel y a su inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público.
Tres jueces han determinado esta sentencia que, sin embargo, deberá convertirse, como en todo proceso penal, en un fallo en firme, una vez que no admita más apelaciones y recursos. Esto implica que lo más probable es que el proceso descrito tarde largos años en concluir, tras las apelaciones y la casación, y también por el fuero del cual goza la vicepresidenta y senadora. Si aún no hay tal sentencia en firme, Fernández, según informan los principales diarios de Buenos Aires, podrá ser candidata, aunque en las últimas horas ella ha anticipado que no postulará, aunque habrá que ver si esto es cierto, si se considera que no han faltado partidarios suyos que han comparado su caso con el del presidente brasileño Lula da Silva.
El motivo de la condena no es nuevo sino muy conocido, por su amplia difusión: se lo ha denominado “caso vialidad” porque se ha acusado a Cristina Fernández, a su extinto esposo Néstor Kirchner y a un grupo de funcionarios de haber “direccionado” 51 obras camineras en la provincia Santa Cruz, entre 2007 y 2015, valoradas en más de mil millones de dólares a una empresa creada y manejada por un testaferro o “palo blanco”, Lázaro Báez, actualmente encarcelado por otros casos de corrupción.
La vicepresidenta Fernández ha asegurado que es víctima de una sentencia “política” y de una condena definida de antemano y resultante de la persecución judicial o lawfare que impulsan contra ella sus contrincantes políticos. Ha recibido expresiones de respaldo de los presidentes de órbita del Grupo de Puebla, entre ellos el primer mandatario Luis Arce.
Lo que más tiene que llamar la atención en Bolivia es la independencia e imparcialidad con que han actuado tanto la fiscalía como la justicia argentinas.
Pese a que Fernández es vicepresidenta, los encargados de perseguir la comisión de delitos y los jueces que han atendido la causa no se han dejado amedrentar por el poder y, por el contrario, han emitido una sentencia que establece un precedente no sólo en Argentina, sino en toda la región, donde se ha enseñoreado la impunidad de los que ejercen temporalmente el poder y que lo primero que hacen es someter a la justicia.
Es el caso boliviano, como lo han expresado informes internacionales que, sin embargo, no son aplicados, debido a que la justicia en este país es un instrumento para la persecución de opositores políticos —por ejemplo, ha comenzado el lawfare contra los dirigentes cruceños del paro— o de los que piensan diferente.
Valioso el mensaje que da la justicia rioplatense. En el país, ya que el Gobierno se resiste a renunciar a su instrumento punitivo, se debe apoyar irrestrictamente la reforma que impulsan los Juristas Independientes con la recolección de firmas para un referendo que cambie la justicia podrida nacional, de tal modo que mañana podamos decir que, en uso de su independencia e imparcialidad, ha condenado a políticos que han abusado del poder y que han cometido actos de corrupción que afortunadamente no prescriben.
