Geografía del narco

La guerra lanzada contra el país por el narco mayor ha permitido comprobar que en este momento el mapa del narcotráfico atraviesa Bolivia de Este a Oeste, desde Llallagua hasta San Matías. Los bloqueos, es cierto, se han concentrado en Cochabamba, pero la telaraña tiene hilos que atraviesan Santa Cruz, en la ruta hacia San Matías y Puerto Suárez, y penetran en el Altiplano, hasta Llallagua y Oruro.

Este avance no fue idea del narco mayor boliviano, que es solamente un títere, ni siquiera iletrado, sino de la transnacional que maneja este negocio desde lejos, mezclándolo con geopolítica.

Sólo con este avance geográfico es posible que las exportaciones de cocaína boliviana cubran ahora los mercados del Pacífico y del Atlántico.

La penetración de esta industria en territorio cruceño fue respaldada por el gobierno del MAS con inversiones millonarias, como la planta de urea de Bulo Bulo, que costó 930 millones de dólares, construida en el Chapare pensando en que su producto debía ser exportado a Brasil y Argentina, casualmente los destinos preferidos de la droga.

El plan más atrevido consistió en llevar ripio del Chapare a Santa Cruz en gigantescos camiones de propiedad de unos empresarios decididos a vender el producto traído de una distancia de 340 kilómetros, a menor precio que el extraído en el río Piraí.

Tan agresiva fue la campaña que los empresarios dedicados a extraer y vender áridos de los ríos de Santa Cruz fueron perseguidos por los alcaldes del masismo, y destrozados sus equipos, porque hacían competencia al producto traído desde el Chapare.

De esa manera, con otros detalles, se consolidó el corredor que atraviesa Santa Cruz, pasando por Concepción y la Chiquitanía, hacia la frontera sur con Brasil, el mayor mercado de la droga de las Américas.

Pero la cocaína no tiene la exclusividad en los planes del masismo, según se ha podido comprobar en Uncía, donde existen viveros dedicados a la producción de marihuana.

Esto ha sido mencionado por algunos analistas, pero lo que no han dicho hasta ahora es que esos viveros fueron construidos por el gobierno del MAS y financiados por organismos internacionales, como el FMI.

Tampoco se dice que tanto con Llallagua como en Uncía, la economía legal, desde la minería hasta la producción de papa y quinua, le están haciendo frente al avance del narcotráfico.

Ese es el problema del proyecto narco. Los bolivianos, en más de 80%, rechazan que el país se convierta en el Afganistán de Sudamérica.

El autor es periodista