Segundo intento con el litio
Deja más interrogantes que certezas el contrato o convenio firmado entre el Gobierno, representado por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, y un consorcio chino, el conglomerado Catl, Brunp & Cmoc (CBC), para explotar dos salares, el de Uyuni en Potosí y de Coipasa en Oruro, con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL).
Es otro intento de industrialización del litio, que tiene la finalidad de superar los pobres resultados obtenidos por el primer proyecto impulsado por el expresidente Evo Morales, con una inversión cercana a 1.000 millones de dólares. Diseñada en tres fases, la iniciativa inicial fracasada dejó establecido que es muy fácil hablar y dar floridos y demagógicos discursos sobre la industrialización del litio, como lo hacía el expresidente y caudillo cocalero, pero que sin tecnología ni recursos humanos adecuados los resultados son nulos. ¿Quién responderá por ese monto echado a un barril sin fondo?
En el momento de adjudicar el segundo intento de industrialización al consorcio chino, y con las críticas de Arce al proyecto de Morales, se ha dado a entender que habrá borrón y cuenta nueva, porque ahora se usará la tecnología EDL, es decir, un proceso que no tiene relación alguna con lo que hicieron en el primero, que fue, para decirlo sin ambages, otro elefante blanco evista. Y surge otra vez este cuestionamiento: ¿no habrá responsabilidad por el despilfarro de 1.000 millones de dólares en un proyecto fallido? ¿O como en otros elefantes blancos la “industrialización del litio” sólo sirvió para dar pegas y gestionar dudosos contratos directos?
Conviene, sin embargo, hacer notar que este segundo intento con el consorcio chino comienza mal. En primer lugar, no se sabe, como bien han expresado los entendidos en la materia, si es un acuerdo —¿un convenio?— o un contrato, aunque se ha informado que la inversión será de 1.000 millones de dólares en las plantas de Uyuni y Coipasa. Además, para ampliar la incertidumbre, se ha informado que siguen en curso las negociaciones. Y si es así, ¿por qué se ha presentado tal convenio o contrato?
No se conocen más detalles porque el Gobierno no ha publicado el misterioso documento. ¿Qué puede justificar que no sea publicado? ¿Se trata de información que compromete la seguridad nacional, el orden público o la salud y moral públicas? Es seguro que no, por lo cual ese acuerdo debe ser difundido a la brevedad posible.
