Propuesta de la COB: más intereses políticos y menos trabajo digno

Una sorpresiva reunión entre el presidente del Estado y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) ha colocado nuevamente en la agenda pública el debate sobre el incremento salarial. Los representantes de la COB demandaron para 2023, un aumento del 10%, tanto al salario mínimo (SMN) como al haber básico, aunque, como siempre, no han explicado los argumentos técnicos ni económicos que justifiquen este pedido.

Si se mantiene la tradición de los últimos 16 años, el pliego petitorio entregado al presidente concluirá con un acuerdo bipartito a puertas cerradas, que será festejado como un logro de la dirigencia sindical el 1° de mayo y se acompañará de algunos decretos laborales y donaciones del Estado al ente sindical.

Se confirmaría una vez más que la trasformación de la COB en un brazo operativo del Movimiento Al Socialismo, ha convertido a los aumentos salariales en un recurso político partidario para beneficiar a los dirigentes, sin considerar que esos acuerdos están generando graves daños económicos, sociales y jurídicos al país.

En el ámbito económico, un incremento del 10% al haber básico implica para el sector privado la erogación no planificada de 540 millones de dólares y para el Estado 470 millones, gasto que, en la actual coyuntura, con niveles de productividad disminuyendo; crecimiento insuficiente, desequilibrado e inestable; elevado déficit fiscal; incertidumbre creciente sobre la economía y un clima de negocios más precario, resulta inmanejable y catastrófico.

Los mayores problemas están en el ámbito social. Sólo el 38% de los trabajadores urbanos son asalariados y el 19% percibe ingresos menores al SMN; esto se explica precisamente porque la gran mayoría se desempeña en el sector informal, tiene empleos temporales o es cuentapropista.

Los aumentos se aplican únicamente a los asalariados de las empresas formales que —sobre todo cuando son pequeñas o medianas— no tienen capacidad para sostener incrementos elevados y se ven obligadas a dejar de contratar, terciarizar servicios, despedir o en casos extremos dejar de funcionar, lo que ocasiona que el empleo informal y el empleo precario crezcan de manera alarmante.

La situación es particularmente grave en el caso de los jóvenes. De acuerdo con un estudio del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), en 2021 el 57% de personas entre 16 y 28 años recibía una remuneración por hora menor al salario mínimo; este problema, que se agravó en la pandemia, se está volviendo crítico en el caso de las mypes y en poblaciones fuera del eje central, donde incluso el trabajo informal tiende a ser más escaso y más precario.

En el ámbito jurídico, los acuerdos excluyentes COB-Gobierno, vulneran la Ley 2120 y el Convenido 131 de la OIT, en lo que corresponde a los parámetros y procedimientos para establecer el SMN. El mencionado acuerdo señala que para decidir los incrementos se debe considerar, entre otras cosas, los requerimientos del desarrollo económico, la productividad y la necesidad de mantener un alto nivel de empleo; además, ordena que para establecer o modificar el sueldo mínimo se “consulte exhaustivamente con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, en pie de igualdad”.

La negativa del Gobierno a escuchar a los empresarios, claramente vulnera esta Ley, pero, sobre todo, su decisión de ignorar la productividad y el nivel de empleo, priorizando los acuerdos políticos, es una práctica perversa que atenta contra los derechos de los trabajadores y los empleadores. Esto sin considerar que el Gobierno se desentiende de los incrementos para los informales, incurriendo en clara discriminación.

Pero los aumentos irracionales e insostenibles son sólo una parte del enorme problema laboral, que empieza por creer que el desempleo sólo alcanza al 4%, invisibilizando las precarias condiciones de trabajo de la mayoría de los bolivianos. Basta recorrer las calles de todas las ciudades y escuchar a la gente para constatar que nos encontramos frente a una bomba de tiempo forjada con las crisis, la desidia, el autoengaño y las políticas salariales populistas.

El debate este año empezó prematuramente, aunque las señales no son auspiciosas, considerando que el tema salarial va a ser incorporado como parte de los conflictos sociales y políticos, y se dejará de lado el análisis serio y racional que claramente muestra la urgencia de buscar soluciones estructurales a la crisis laboral, antes que medidas coyunturalistas decididas por actores políticos que no tienen la voluntad ni la sensibilidad para entender lo que significa la búsqueda, generación y sostenimiento del empleo digno.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia