Minería aurífera sin control
Los últimos enfrentamientos motivados por la explotación de yacimientos auríferos y los pobres resultados de la aplicación de una reciente ley específica, en lo referente a la compra de oro por el Banco Central de Bolivia (BCB), parecen evidenciar que este tema está fuera de control y que es otro más de los problemas mayores que enfrenta el Gobierno.
Hace cuatro días, en Apolo, departamento de La Paz, una persona murió y al menos cinco resultaron heridas, todas por disparos de armas de fuego, en un choque entre personas vinculadas con la minería aurífera.
“Son grupos irregulares o intentos de iniciar actividades mineras ilegales”, informaba, dos días después de ese enfrentamiento, la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Es más, “se ha podido determinar que no existen derechos mineros otorgados en el área”, añadía esa alta funcionaria gubernamental.
A principios de este mes, en Cocapata, Cochabamba, comunarios del lugar y presuntos mineros ilegales se enfrentaron por el control de una veta de oro, con un saldo de al menos 10 heridos y personas retenidas, según un informe policial.
En Mapiri, La Paz, el último domingo de agosto un derrumbe mató a tres personas que buscaban oro, el fatal deslizamiento fue provocado por la degradación del terreno como efecto del desvío de un río, ejecutado por mineros auríferos que trabajan bajo un mínimo control del Estado y contaminan con mercurio las aguas fluviales.
Más del 90% por ciento, 22 toneladas en 2020, del oro que se produce en Bolivia procede de las cooperativas auríferas, como lo proclaman los dirigentes de la federación que las agrupa y que logró compromisos muy convenientes del Gobierno para facilitar la aprobación de la Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, promulgada el 5 de mayo último.
El propósito principal de esa norma —enunciado en su denominación— se cumple con resultados ínfimos, comparados con los de su otra finalidad: la venta del oro de las reservas del Estado: 17 toneladas “convertidas en divisas” en menos de tres meses.
“A la fecha, el Ente Emisor ha comenzado a realizar operaciones de compra de oro fino activamente, ya que, en dos meses de vigencia de la reglamentación de dicha ley, las mismas alcanzan a 205 kilos de oro fino, que representan cerca del 30% de lo adquirido (…) en 12 años de vigencia de la norma previa”, anuncia un comunicado del BCB emitido el miércoles último.
Esos datos muestran que Bolivia se queda sin sus reservas estatales de oro y que la nueva ley del sector es ineficiente para controlar el mercado de ese metal.
