La amenaza del contrabando
Los últimos hechos relacionados con el contrabando, que tuvieron lugar en el sur del país, evidencian que esa actividad ilegal es una amenaza muy real para la seguridad del Estado, como lo venían alertando desde hace buen tiempo autoridades y empresarios.
El impacto del contrabando en Bolivia trasciende los perjuicios económicos para las empresas legales y el Estado, crece de manera descontrolada y se ha convertido en una actividad criminal transnacional organizada cuya magnitud exige acciones serias y de amplio espectro.
“Es una organización criminal. Usan elementos de choque que están armados y que interceptan las patrullas y así dejar las vías expeditas para los camiones que transportan contrabando. Estamos incrementando mayor presencia militar, porque la seguridad del Estado está siendo amenazada con estas organizaciones”, alertaba hace siete meses el viceministro de Lucha contra el Contrabando.
Lo ocurrido hace cinco días en el camino entre Yacuiba y Villamontes, donde cinco militares del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando (COE) de las FFAA murieron quemados como efecto de una acción criminal, demuestra que la violencia a la que están dipuestos los contrabandistas para perpetrar su delito.
Y lo ocurrido pocos días después en la misma región, el Chaco, evidencia que los efectivos del COE están en desventaja frente a los criminales en su combate al contrabando. En efecto, el viernes, Ministerio de Defensa reportó que luego de interceptar un camión con acople que trasladaba mercadería de contrabando “tres motorizados hostigaron a los militares intentando recuperar el vehículo comisado, por lo que se procedió a su incineración”.
Respecto del daño económico, se estima que esa actividad provocó un perjuicio superior a los 3.331 millones de dólares en 2022.
Los datos manejados por los empresarios muestran que el contrabando crece en una proporción mayor que la economía boliviana: en 2022, un 8,42% respecto del año anterior, mientras que el producto interno bruto (PIB) de Bolivia se expandió en un 3,48% en el mismo periodo.
Su impacto sobre la economía formal afecta a más de 38.000 industrias y significan la desaparición o imposibilidad de crear unos 600.000 empleos. Además de las pérdidas que significa para el Estado el contrabando de combustible, porque éste “va de adentro del país hacia afuera”, como lo señala el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Es un asunto cuya gravedad parece inversamente proporcional a la atención que le dan las autoridades nacionales que, por ejemplo, podrían haber tomado ya la iniciativa de endurecer las leyes contra ese delito penado con 8 a 12 años de cárcel, solo cuando el “valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada”·supera los 71.000 dólares.