Aplicación selectiva de la ley

Una de las banderas que utilizó el MAS para llegar al poder y cuando llegó a él fue el combate contra la corrupción. En los días previos a su arribo al palacio de Gobierno, los masistas hablaban de la “Ley Tijeras” para cortar las uñas de los corruptos que, según ellos, estaban anidados en el Estado. En ese marco, algunos años después, se puso en vigencia una serie de leyes supuestamente destinadas a tan loable fin; una de ellas, bautizada inconsulta y abusivamente con el nombre de un patriota extraordinario, cuyos restos no han sido entregados hasta el día de hoy a su familia.

Más pronto que tarde, sin embargo, se vio que la mentada “lucha contra la corrupción” era para unos y no para todos, como se prometía en los marcos del “proceso de cambio”, lo que la convirtió en un arma de persecución política. Podríamos recordar el caso de los 33 camiones de contrabando del exministro que vocifera amenazando con mandar a sus adversarios a convivir con los gusanos; o el caso del desfalco al Fondioc, que se cobró la vida de Marco Antonio Aramayo. En ambos casos, los corruptos del MAS no fueron siquiera investigados y recorren libres e impunes las calles de nuestras ciudades y algunos tienen el tupé de dar lecciones de moralidad y de derechos humanos.

En la práctica, la lucha contra la corrupción fue sólo contra algunos y no contra todos. Si el corrupto era o es azul, la cosa es muy diferente a si es opositor, libre pensante o disidente.

En ese marco, la semana pasada se han desplegado dos operativos de allanamiento en San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz. Uno de ellos en la vivienda del obispo emérito de esa diócesis, Karl Stetter, y el segundo, en la de su abogado. En su desarrollo se secuestró una importante cantidad de documentos, el vehículo del mencionado obispo y una suma de dinero, todo lo cual constituye, sin lugar a dudas, un evidente abuso.

El fiscal de turno (en realidad alcaucil de turno, porque eso son muchos fiscales desde 2006) dijo que se busca investigar el origen de más de 100 inmuebles registrados a nombre de la diócesis de San Ignacio de Velasco, para lo cual serán citados a declarar el obispo y el abogado. Agregó que el obispo Stetter es propietario de más de 15 inmuebles y más de 10 vehículos y que existen flujos económicos que no corresponden al perfil socioeconómico del denunciado obispo. Se ha hablado de que el caso trataría de una supuesta legitimación de ganancias ilícitas.

La Conferencia Episcopal Boliviana y la diócesis de San Ignacio de Velasco, han salido en defensa del obispo, denunciando el acto abusivo y desproporcionado en contra de un pastor que ha dedicado su vida al servicio del pueblo y pidiendo que la investigación se desarrolle respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y demás garantías constitucionales.

La diócesis de San Ignacio de Velasco es la más extensa de Bolivia, con una superficie de más 170.000 km2, y abarca desde San Matías (frontera con Brasil) hasta Pailón, ubicada a 50 km de Santa Cruz de la Sierra, e incluye en su territorio, entre otros, a localidades, regiones y provincias como San José de Chiquitos, Roboré, Santo Corazón, Reyes, Ñuflo de Chávez, lugares en los que cada año se producen incendios forestales provocados bajo la mirada indiferente de los “nerones defensores de la Madre Tierra” afincados transitoriamente en la “Casa Grande del Pueblo”. La diócesis abarca una parte de la Amazonía, el Gran Chaco y la cuenca del Río de la Plata y en su territorio están los bienes de las misiones que corresponde conservar.

¿No es absolutamente lógico y entendible que la diócesis tenga en semejante territorio varios bienes inmuebles y que sus miembros necesiten y utilicen vehículos para el desplazamiento de los agentes pastorales a sus distintos confines? Por otro lado, ¿A nombre de quién deberían estar registradas esas propiedades?

Como otras diócesis, la de San Ignacio de Velasco ha recibido ayuda de organizaciones de la Iglesia con sede en otros países, las cuales son absolutamente limpias en el manejo de sus fondos y no tienen ninguna relación sospechosa como aquellos que viajan permanentemente en vuelos chárter o tienen dinero para asistir a partidos de fútbol de la Champions. Como las ayudas del exterior disminuyen, es también lógico que las diócesis busquen solventar sus actividades con ingresos propios.

Desde su llegada al poder, los gobiernos del MAS no han perdido oportunidad para enfrentarse a la Iglesia. En la misma diócesis, en Chochís, hace unos años hubo un problema cuando el Ejército, con el apoyo del ministro de Defensa, buscó apropiarse de 100 ha de tierra, ante lo cual monseñor Robert Flock asumió defensa y todo terminó cuando se cedió al Estado un terreno para que instale un centro de informaciones.

Dos preguntas finales: ¿Por qué el Ministerio Público no investiga las denuncias públicas en contra de los hijos de los primeros mandatarios? ¿Será que les molesta la defensa de la Amazonía por la Iglesia?