Inversión de prioridades
La coincidencia de la fecha fijada para las elecciones generales en Bolivia, el 17 de agosto próximo, y la festividad de la Virgen de Urkupiña, en Quillacollo, ha generado una controversia que pone de manifiesto, en primer lugar, las distorsionadas prioridades de quienes la plantearon y la sostienen y, en segundo, una característica de la idiosincrasia nacional que incita a reflexionar acerca de sus alcances.
Preparada con meses de anticipación, la festividad de la Virgen de Urkupiña es sin duda el mayor evento religioso-pagano, turístico y económico que ocurre cada año en la ciudad y el municipio de Quillacollo.
El impacto de esa celebración, en términos prácticos, es sobre todo comercial debido a la afluencia de devotos-turistas de todos los departamentos y también de otros países. En 2024, el comité organizador de la festividad aseguraba que llegarían a Quillacollo aproximadamente tres millones de visitantes.
Las elecciones generales —ejercicio democrático obligatorio que responde al ejercicio de un derecho ciudadano esencial— tienen lugar cada cinco años, su realización es la única fuente de legitimidad de la autoridad del presidente y vicepresidente del Estado y de la representatividad de los asambleístas que resultan electos.
Es un evento de alcance territorial nacional y de trascendencia para todos los más de 12 millones de bolivianos, aunque el ejercicio del voto esté restringido a los mayores de 18 años. Su realización implica el despliegue más amplio y aparatoso que se vive en toda Bolivia cada lustro y compromete la participación de centenares de miles de personas, aparte de los más de siete millones de electores. Y los resultados de la votación de ese día tiene consecuencias para los próximos cinco años.
Esa comparación muestra de manera fehaciente cuán fuera de lugar puede estar la pretensión de que el Órgano Electoral Plurinacional modifique la fecha que —en pleno ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades— fija para esos comicios.
Esa pretensión —motivada por factores ajenos a la fe y devoción que tendrían que ser los esenciales en la festividad quillacolleña dedicada a la Virgen María— no sólo carece de argumentos razonables que la sustenten, sino que llega a extremos incomprensible y hasta peligrosos, como es la idea de interponer una acción de amparo constitucional, para conseguir que el Tribunal Supremo Electoral modifique la fecha de los comicios.
Esa idea peregrina refleja, a una escala de trascendencia preocupante, un patrón de conducta similar al que observan las organizaciones que bloquean vías públicas y carreteras reclamando satisfacción a demandas sectoriales, ejecutando acciones que provocan perjuicios a muchísima gente, en ocasiones a todo el país.
