El poder paralelo de las cooperativas mineras

Hace algunas semanas, la mina Tres Amigos, operada por el Grupo Sinchi Wayra, fue cercada violentamente por más de 800 personas que intentaban apoderarse del predio. Días antes, otro grupo había tomado por asalto la mina Andacaba, concesionada a la empresa Pioneer Mining S.A.

En ambos casos, los avasalladores eran mineros cooperativistas que aseguraron haber recibido autorización y respaldo del actual Ministro de Minería.

Aunque estas acciones son extremas e ilegales, desde hace varios años forman parte del modus operandi de las cooperativas mineras en Bolivia.

En 2006, miembros de este sector se enfrentaron a mineros asalariados por el control de una mina estatal en Huanuni. El choque dejó 16 trabajadores muertos y 61 heridos.

También se las vinculó con el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, en 2016, con las tomas sucesivas de la mina Sayaquira en La Paz y la ocupación de la mina aurífera de Yani, en el norte paceño, donde murieron cinco personas.

En los últimos 20 años, las cooperativas mineras formalmente registradas pasaron de 707 a 3.383, la mayoría dedicadas a la explotación del oro. Algunas ONG estiman que existen más de 20.000 que operan en la informalidad.

Lejos de ser un sector marginal, se han convertido en un actor con un poder político desmedido, que goza de privilegios impositivos, evade responsabilidades laborales y protagoniza una de las mayores agresiones ambientales de nuestra historia.

Según datos del Viceministerio de Política Minera, en 2023 el 58% de toda la producción minera del país correspondió a las cooperativas. El 99,5% de la producción aurífera está en sus manos.

Pese a esa posición dominante, su aporte tributario solo alcanza al 0,2% del total, mientras que la minería privada, con el 35% de la producción, genera el 98,3% de la recaudación.

Las cooperativas no pagan IVA ni IT, y su desembolso por regalías se limita a un 2,5%. En 2022, exportaron más de 3.000 millones de dólares en oro, pero su contribución al Estado fue de apenas 63 millones, mientras que la minería privada destina hasta un 50% de sus ingresos al pago de impuestos y regalías.

La afectación no es solo fiscal. La minería cooperativista se ha convertido en sinónimo de depredación ambiental. El uso indiscriminado de mercurio en las operaciones auríferas está contaminando ríos y suelos de las tierras bajas.

Ante los reclamos de organismos internacionales, ahora están sustituyendo el mercurio por el cianuro de sodio, un compuesto aún más letal.

Su impacto va más allá del oro. Las cooperativas también se expandieron hacia el zinc, la plata y el estaño, superando en varios casos a la minería privada y aplicando la misma lógica de informalidad, falta de licencia ambiental y ningún control laboral.

El argumento de que generan empleo es engañoso. Aunque concentran más del 90% de la mano de obra minera, lo hacen bajo condiciones de absoluta precariedad. En contraste, la industria privada, con apenas el 4,2% de los trabajadores, aporta el 74% de la renta minera.

Sus privilegios no son casuales. Los cooperativistas han colocado ministros en los gobiernos de Morales, Añez y Arce, y han impuesto viceministros, directores, parlamentarios y autoridades de fiscalización que están a su servicio. De hecho, la Ley 535 de Minería fue diseñada a su medida.

Por su capacidad de movilización, se han convertido en el brazo de presión de los gobiernos –en particular del MAS– que a cambio les han asegurado permisividad frente a las tomas, subsidios a los combustibles, y una impunidad que los coloca por encima de la ley.

La situación descrita explica, en gran medida, que mientras Bolivia recibió entre 2005 y 2023 un promedio de $us. 196 millones anuales en inversión extranjera directa en minería, Chile se benefició con $us. 9.571 millones anuales en ese periodo, y Perú –solo en 2024– superó los $us. 10.000 millones.

Es evidente que, sin una diversificación económica, la minería seguirá siendo un pilar fundamental en la generación de riqueza. Por ello, es imprescindible decidir si seguimos en la senda de la informalidad, la depredación y el privilegio, o damos el paso hacia una minería moderna y sostenible.

Bajo el principio de que la riqueza mineral es de todos los bolivianos, no de un puñado de dirigentes, debemos eliminar los privilegios fiscales, fortalecer la institucionalidad, aplicar normativas ambientales estrictas y reducir la dependencia de técnicas extractivas obsoletas y dañinas.

Ignorar el problema y mantener un sistema que favorece a un sector a costa del bienestar social y ambiental es insostenible.

Mientras se proteja a quienes evaden sus responsabilidades económicas, sociales y ambientales, la recuperación económica será un espejismo, la atracción de inversión una utopía y la seguridad jurídica un engaño.

Es hora de actuar con firmeza y poner fin al poder paralelo y el abuso de las cooperativas mineras en Bolivia.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia